Durante la llamada Transición, un gobierno de la UCD, ante las presiones de Cataluña y el País Vasco, a los que se sumaron luego Galicia y Andalucía demandando autonomía en sus comunidades, decidió hacernos a todos autonómicos y así salió. Hicieron lo que entonces llamaron "café para todos", y hubo que inventarse el sentimiento autonómico que no se tenía en diferentes lugares, como Murcia por ejemplo.

A nivel práctico los ciudadanos no hemos notado mejoría alguna con el estado de las autonomías, pero sí una multiplicación del gasto improductivo y en lugar de simplificar la administración la han complicado. Su construcción o definición fue polémica porque cada político quería más territorio porque suponía más presupuesto, por lo que por ejemplo a Orihuela que quiso unirse a Murcia no le fue posible, como le ocurrió a Hellín, restando a la hasta entonces provincia de Murcia la de Albacete.

Se dieron casos curiosos que los políticos se encargaron de que pasaran desapercibidos, como en Orihuela cuando en sus principios el primer presidente valenciano dio un discurso en su lengua en el balcón del Ayuntamiento y vio que la gente abandonaba la plaza. Preguntó discretamente y el alcalde le dijo que en aquella zona jamás se había hablado valenciano, pasando a discursear en la lengua de Castilla.

Desde su constitución, los ciudadanos padecemos tres administraciones, la local, la autonómica y la nacional, lo que hasta triplica a veces las tramitaciones, especialmente habida cuenta de la ineficacia manifiesta de la burocracia administrativa española, que ningún político se ha preocupado de estudiar para mejorarla.

Pero hay un aspecto gravísimo en el estado autonómico: una insolidaridad regional increíble. Hay muchas situaciones de este tipo pero solamente pondré dos de ellas que afectan especialmente a los murcianos.

Cuando el gobierno de Aznar hizo el Plan Hidrológico Nacional hubo una firme oposición por parte de la comunidad de Aragón y la de Cataluña, con la consecuencia de que tras aprobarlo, entró Rodríguez Zapatero lo anuló parcialmente, dejando sin el ansiado trasvase a tres comunidades, aunque mantuvo el ramal a Barcelona.

Lo curioso del caso es que el agua a trasvasar se recogía en la desembocadura, cuando el río había atravesado ya las dos comunidades, es decir, cuando ya no les servía el agua e iba a parar al mar, que prefirieron que se la tragara en lugar de que regara las vegas de Alicante, Murcia y Almería. Es evidente que ese deseo no era para aprovechar el agua por muchas excusas que pusieran, sino por una malsana envidia o ganas de que otras comunidades no prosperasen. No veo otra razón que tenga lógica y si la hay me gustaría conocerla. En cualquiera de los casos, el agua no salía gratis a los regantes, pues con su importe llegaban fondos a esas comunidades para mejorar sus sistemas hídricos y prefirieron no recibirlos y dejarla ir al mar.

Como es natural esta situación es absolutamente carente de lógica, pues del mar hay que sacarla multiplicando sus costes y obteniendo un agua con menores propiedades minerales que la del río. Si uno fuera mal pensado diría que probablemente el gobierno quiso beneficiar a grandes empresas que financian sus partidos o les guardan puestos en los consejos de administración, que entonces deberían llamarse de administraición.

Ejemplo similar es el de Castilla La Mancha con el trasvase Tajo Segura, que durante muchos años ha ido recibiendo el pago de los regantes del agua que no utilizaban. Siempre se opuso a dar agua y prefieren que llegue al Atlántico para embellecer Lisboa a que riegue las tierras murcianas, alicantinas y almerienses. Lo curioso del caso es que la presidenta que negó el agua, la señora Cospedal, posteriormente fue recibida por el PP murciano entre palmas y olivos en lugar de haberla mandado a hacer puñetas.

Por si era poco, ahora contemplamos que en la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el presidente Sánchez va a regar Cataluña y el País Vasco de una gran cantidad de millones de euros en detrimento de otras comunidades como la murciana. Desde aquí mi anatema a todos cuantos voten a partidos que en zonas como la nuestra consienten o autorizan con su pasividad borreguil este desafuero o mejor llamado robo de unas comunidades en beneficio de otras, con claro perjuicio de los ciudadanos.

Los partidos políticos no quieren ver esta absurda e injusta situación porque los políticos que los manejan-dirigen no ven más allá de sus narices y piensan como Luis XIV: Después de mí, el diluvio.