El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, se ha reunido recientemente con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, con el fin de departir acerca del procedimiento y sistema de financiación de los Servicios Sociales en este municipio de cara año 2016, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En la reunión, que se celebró en la sede de al Consejería, y en la que también estuvieron presentes también el director gerente del IMAS, Miguel Ángel Miralles, y los concejales de Bienestar Social y Personas Mayores, Javier Baños y Antonia Camacho, respectivamente, se informó de que el Consistorio totanero continuará encargándose de atender a los ciudadanos en el 2016.

La aplicación de esta normativa, que delimita las competencias municipales, no va a impedir que los ayuntamientos de la Región sigan encargándose de prestar los servicios sociales a los vecinos; a los que la Comunidad Autónoma plantea destinar más de 20 millones de euros para los consistorios, de los que la mitad se dirigirán a la Atención Primaria.

La reunión se enmarca dentro de las llevadas a cabo por el alcalde con miembros del Ejecutivo regional, y en este caso, para conocer acerca de la continuidad de la financiación en esta importante área de la gestión municipal.

Además, se abordaron otros importantes proyectos de apoyo a las familias, actuaciones de lucha contra la pobreza, el apoyo a los colectivos más desprotegidos y vulnerables, como pueden ser el de discapacitados y otros.

Al respecto, aún no se ha desarrollado la regulación sobre haciendas locales y autonómicas para establecer mecanismos de financiación y la inmediatez de las fechas de cumplimiento hacen necesario la reforma que se ha solicitado para evitar que se ponga en peligro la continuidad en la prestación de estos servicios.

La Asamblea Regiona aprobó el jueves de la semana anterior, por unanimidad, una modificación de la ley que fijaba como fecha límite para la transferencia de las competencias de asuntos sociales a la Comunidad Autónoma el próximo 31 de diciembre.

A través de la misma, los servicios de gestión primaria, servicios sociales y promoción y reinserción social, continuarán siendo ejercidos por los municipios o por las mancomunidades, tal y como se venía haciendo hasta ahora.

Asimismo, la cobertura financiera de los mismos no debe suponer un mayor gasto para las administraciones implicadas, pues en la mayoría de los municipios se mantienen las partidas, incrementándose en algunos casos concretos con un ligero repunte de la inversión.

Los responsables municipales trasladaron a la consejera la necesidad de mantener la inversión para los centros de día de personas con discapacidad, cuyos convenios se han renovado recientemente, y el del CAVI, así como las partidas de lucha contra la pobreza infantil y la conciliación de la vida laboral y familiar.