La alcaldesa, Isabel María Sánchez, ha asegurado hoy que no va a admitir ninguna presión ni coacción de ningún particular que lesione los intereses generales de los vecinos de Totana en relación a su reciente imputación sobre el convenio urbanístico de El Raiguero.

La regidora ha realizado estas declaraciones en el transcurso de la rueda de prensa celebrada coincidiendo con el comienzo del nuevo curso político 2013/14, en la que ha dado cuenta de las prioridades de su gobierno municipal y ha explicado los principales proyectos del Ayuntamiento de Totana para los próximos meses.

Al respecto, Sánchez ha afirmado que “no estoy dispuesta a saltarme la Ley aún a pesar del coste familiar y personal” que acarrea esta situación procesal y ha reiterado que “no voy a consentir que ningún individuo ni partido político insinúen otra cosa distinta a la realidad” para obtener rédito político, sobre el delito de apropiación indebida que se le imputa a ella y a la secretaria e interventor municipales.

La alcaldesa ha recordado que en el momento en que se produjeron los hechos “yo ni estaba, ni se me esperaba” y ha insistido en que para abonar cualquier pago que realiza el Ayuntamiento, incluso una ayuda social, se requiere un documento de pago con el preceptivo informe suscrito por los técnicos municipales.

El denunciante, el empresario representante de la sociedad “Inmonuar”, Núñez Arias, reclama al Ayuntamiento la devolución de los 2,5 millones de euros que entregó a las arcas municipales 2006 y 2007, coincidiendo con la firma del convenio y la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana.

Además, ha redundado en que para resolver este expediente “se están siguiendo escrupulosamente los procedimientos administrativos que nos dicta el dictamen del Consejo Jurídico y Consultivo de la Región de Murcia y la Sala de lo Penal de Tribunal Superior de Justicia”; que declaró ilegal y anuló el convenio en su día.

Sánchez ha recordado que esta cifra ya quedó recogida en el presupuesto municipal del 2007 y ha recalcado su interés y el de su equipo de gobierno de cumplir con la legislación vigente.

Asimismo, ha dicho estar “muy tranquila” por confiar “plenamente en la Justicia” y ha afirmado “estar deseosa de declarar ante el juez y aclarar este tema” para que no se dilate más en el tiempo.