Según los socialistas, "lejos de mejorar el funcionamiento del servicio municipal de aguas, razón que utilizó la alcaldesa para rescatarlo a Urbaser, todo apunta que, al igual que el resto de servicios municipales, la gestión será mala".

"De momento los gastos se han incrementado al destinar a este servicio seis trabajadores de la plantilla del ayuntamiento, y la contratación externa de un laboratorio por importe de 11.000 euros al trimestre".

"Se da la circunstancia de que el servicio ha sido reforzado con trabajadores de la plantilla laboral del ayuntamiento, excepto un funcionario, cercanos al PP. Asimismo pudiera ser que la alcaldesa haya utilizado el servicio para que algunos de estos trabajadores eludieran el ERE que recientemente ha sido aprobado para despedir a 40 empleados municipales", aseguran desde el PSOE de Totana en un comunicado.

"Por otra parte, hemos podido saber que el ayuntamiento ha repuesto el servicio a varios morosos por orden de la alcaldesa. Morosos que en su día fueron a verla, que ésta ya sugirió a Urbaser en su día que les repusiera el agua, pero la empresa se negó hasta que pagasen la deuda contraída con el servicio", añade el comunicado.

"Ahora, con el servicio municipalizado, previa visita de un "comisario político" y sin que los morosos paguen la deuda contraída con el ayuntamiento, se les está reponiendo el agua en sus casas y negocios. Esta práctica incentiva la morosidad y perjudica gravemente a las familias que tienen que pagar cada trimestre sus recibos con todo el esfuerzo del mundo".

"Mayoritariamente, no se trata de vecinos con problemas económicos derivados de la crisis, lo que podría ser comprensible, sino que son morosos profesionales".

El PSOE exige a la alcaldesa "una gestión profesional de este servicio para no perjudicar más a la economía del ayuntamiento y a los vecinos de Totana". Además el Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno que se redacte un Plan de Inversiones para mejorar el rendimiento de la red de agua.

Por último exige el cese inmediato del "comisario político"  y del resto de empleados puestos "a dedo" por la alcaldesa, ya que "su labor profesional para el ayuntamiento es totalmente innecesaria, siendo una injusticia mantener el puesto de trabajo de estos comisarios políticos y despedir a empleados con más de 25 años de antigüedad".