El Pleno del Ayuntamiento de Totana aprobó ayer, por unanimidad, la moción de IU-Verdes en la que se proponía la construcción de un nuevo depósito, junto al actual que abastece al polígono industrial "El Saladar", y que permita el abastecimiento de futuros desarrollos en la zona de la diputación La Ñorica.

Este depósito tendría una capacidad mínima de 1.000 metros cúbicos que debiera dar respuesta para los próximos 30 años al crecimiento industrial, viviendas e instalaciones ganaderas en su zona de abastecimiento.

Además, la iniciativa de IU recoge solicitar a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la construcción y financiación de esa infraestructura, así como su mantenimiento, de igual forma que ocurrió en su día con los depósitos de Lébor y Los Secanos, respectivamente.

También se acordó, por unanimidad, dar luz verde a la moción del Grupo Popular para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la construcción y encauzamiento de la presa de Lébor para evitar la incidencia de avenidas por los efectos de lluvias torrenciales y posibilitar el reaprovechamiento de caudales.

Las cuencas en régimen hidráulico natural, como es el caso de Totana, ofrecen elementos de riesgo que pueden tener consecuencias para la población y sus bienes. Entre éstas, la zona que abarca la rambla de Lébor suele provocar cuantiosos daños sobre el campo totanero.

Los corporativos acordaron que la CHS retome el proyecto de construcción de la presa de Lébor con el fin de reducir la incidencia de los caudales de de avenidas provenientes de las subcuencas laterales de la cuenca alta y media del río Guadalentín, sobre las vegas de Lorca y Totana, en concreto aquéllas producidas por la rambla de Lébor, aguas abajo del cruce de la autovía A-7.

De hecho, existe ya un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Segura que se remitió al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que daría lugar a una superficie máxima de inundación de 74 hectáreas, con una capacidad del embalse a crear de 13 hectómetros cúbicos, que se corresponde con una capacidad de laminación total de la avenida de 50 años.

Moción conjunta excedentes alimentarios

La corporación aprobó, por unanimidad, la moción conjunta para instar al Gobierno del Estado a promover en el plazo de 6 meses la elaboración de un Código de Buenas Prácticas de la distribución sobre los excedentes de alimentos, con la participación de todos los agentes implicados.

Esta iniciativa se promueve con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización, establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades y contribuir a concienciar a toda la cadena, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos.

Al respecto, se pretende incentivar la financiación pública destinada a los Bancos de alimentos a través de los Presupuestos Generales del Estado, así como promover un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la industria agroalimentaria que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, como sucede en otros países, evitando la destrucción de los mismos.

Salario no superior a 50.000 euros anuales, con RPT

Los concejales también aprobaron, con los votos del PP e IU y en contra del PSOE, la enmienda popular a una moción del Grupo Socialista para que el Ayuntamiento acuerde que en los presupuestos para el año 2013, el salario de ningún trabajador municipal suponga un coste mayor de 50.000 euros, siempre y cuando se haya aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes de final de año.

La aprobación de la RPT permitiría fijar una herramienta jurídica que determinaría además del salario de cada empleado público el función del trabajo que desempeña y de la responsabilidad que ostenta.

Por último, se aprobó, por unanimidad, otra moción del Grupo Socialista para instar al Gobierno de la Nación a que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.

La propuesta incluía, asimismo, la adopción de las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena fe, se aplique la dación en pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.

De igual forma, se solicitan todo tipo de medidas tendentes a que los poderes públicos den cumplimiento efectivo al mandato del artículo 47 de la Constitución Española, y se estudien salidas justas a la cuestión de las viviendas vacías, así como la puesta en marcha de las varias medidas a nivel municipal en este sentido.