Las participaciones preferentes han sido un escalón más en esta estafa que quieren llamar crisis. A juicio de IU las entidades bancarias y financieras, después de sumergirse en una vorágine especulativa y de búsqueda de obtención del máximo beneficio han recurrido a fórmulas que podríamos llamar, como mínimo, fraudulentas en un contexto de opacidad y engaño.

Las acciones o participaciones preferentes (en función de si es un banco o una caja quien emite), son una fórmula utilizada por las entidades financieras para captar fondos y son en realidad productos perpetuos, esto es, contratados de por vida. Quien compra una participación preferente recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de ahorro –tales como depósitos o fondos de inversión– pero no puede sacar el dinero del banco, salvo que éste voluntariamente lo permita. Pero esto es en teoría por que en la realidad se trata de productos financieros catalogados como de “alto riesgo”.

Las entidades financieras deben cumplir con la Ley 47/2007 de 19 de diciembre, donde se especificaba las formas de actuar y la información a aportar en este tipo de productos financieros de alto riesgo. Sin embargo, los directivos de las entidades financieras pidieron a sus empleados realizar todos los contratos posibles con esos productos sin la información pertinente. Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían presionados desde arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales que conllevaban tales contratos.

En última instancia estos productos de vida ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda la vida. La mayoría de estos clientes asegura, de hecho, que el banco o caja les recordaba que podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las entidades financieras les negaron esa posibilidad.

Hay incluso casos en los que tales contratos se realizaron con personas analfabetas, quienes firmaron usando su huella dactilar y desde luego empujados por la confianza que tenían en el empleado de la entidad financiera. Eran, en realidad, el último eslabón de una cadena que permitía a bancos y cajas cumplir con la regulación y poder mantener en niveles altos su actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria”.

Totana no se ha escapado de esta estafa, siendo numerosos pequeños ahorradores los que confiaron, sin tener un conocimiento financiero necesario para adquirir estos productos, en sus entidades de toda la vida encontrándose en estos momentos en una situación desesperada. Han visto como desaparecían sus ahorros, en ocasiones cuando reclamaban su dinero para hacer frente a la situación de incertidumbre y desempleo actual.

Creemos que desde el Ayuntamiento se debe adoptar acuerdos de apoyo a los afectados por este “Corralito” versión española, acciones que pueden ir desde la información hasta la presión sobre las entidades apoyando a los afectados por la estafa de las preferentes y exigiendo al Gobierno una solución para los miles de afectados. Además estimamos oportuno dirigimos al Fiscal General del Estado para que tome cartas en el asunto, abra una investigación y depure las responsabilidades penales que hubiese lugar. Finalmente, instamos al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a que apoye las reivindicaciones de las personas afectadas por la estafa de las preferentes.