El Ayuntamiento de Totana va a instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a fijar por Ley las retribuciones a cargos electos en entidades locales, y establecer un marco de referencia salarial de los altos cargos, en función de criterios técnicos y lineales.

El portavoz del Gobierno municipal, David Amorós, va a elevar una moción esta semana en el próximo pleno ordinario, en la que también se va a solicitar que se estudie la posibilidad de reducir cargos públicos en las corporaciones de entidades locales siguiendo nuevos parámetros sociológicos y económicos actualizados.

Amorós explica que esta medida de apostar por esta homogeneización de criterios se hace más necesaria en un momento de dificultades económicas y en aras de una mayor transparencia en el gobierno local; y señala que la iniciativa no sólo es una respuesta racional a la crisis, sino que también dota de mayor transparencia y racionalidad las retribuciones que pudieran percibir los cargos públicos en España.

Según recoge la propuesta, desde hace algún tiempo se ha puesto en primera línea del debate político la posibilidad de homogeneizar la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales y el establecimiento de un marco de referencia de los salarios de los altos cargos para evitar estas controversias.

El edil añade que por criterios de responsabilidad y de proporcionalidad, no se debe permitir que haya responsables públicos, tanto en administraciones locales como autonómicas, cuyas retribuciones superen en mucho a las del presidente del Gobierno.

Según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 4.883 localidades tienen menos de mil habitantes y sus regidores, salvo algunas excepciones, realizan su labor "por amor al arte" y no perciben un salario mensual por tomar decisiones que afectan al 60% de los pueblos de España y al 3,5% de la población.

Los municipios están estudiando, en el seno de la FEMP, los criterios para fijar las retribuciones de alcaldes y ediles, lo que puede contribuir, de esta manera, a la máxima transparencia en la gestión local y a extraer este asunto del debate político y electoral.

Al parecer, la FEMP no tiene ningún marco normativo que regule las retribuciones de concejales y alcaldes, pero cuenta con un código de buen gobierno local que recomienda a las Administraciones ceñirse a algunas pautas.

Se aconseja que las nóminas respondan a criterios objetivos tales como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal, y que los sueldos se fijen tomando en cuenta las retribuciones de cargos de similar responsabilidad en otras administraciones.