El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de forma desfavorable el Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento de Totana para poder acogerse al mecanismo extraordinario de pago a sus proveedores; si bien la alcaldesa, Isabel María Sánchez, ha asegurado que todos los proveedores cobrarán la deuda que el Consistorio tiene con ellos.

El Consistorio certificó el pasado mes de marzo ante el Ministerio una deuda que ronda los 28,9 millones de euros, por lo que se solicitaron a través de la línea de créditos establecida por el Gobierno de la Nación para el pago a proveedores un total de 8.747 facturas a 677 empresas.

Según explicó la regidora, en rueda de prensa, los motivos que esgrime el Ministerio en su informe son que "el plan no recoge ingresos suficientes para financiar los gastos corrientes y los servicios públicos y, además, sostiene que el nivel de carga financiera es elevado". S

Sánchez quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y serenidad" a los proveedores, pues según dijo, "cobrarán hasta el último euro" después de que no se haya autorizado la concertación de la operación de endeudamiento.

Además, explicó que el Plan de Ajuste está "bien elaborado y planteado por los técnicos municipales" -a los que reiteró su felicitación por la labor realizada-, dado que era "coherente y ajustado a las necesidades socioeconómicas actuales"; e insistió en que esto ocurre por "nuestro descenso en los ingresos reales, pero no estamos dispuestos a incrementar la carga impositiva a los vecinos".

Reiteró que se tomarán todas las medidas necesarias "de funcionamiento interno" para dar continuidad al plan de ajuste y estabilidad presupuestaria con el fin de buscar la viabilidad y estabilidad de las arcas municipales pero "sin subir los impuestos a los ciudadanos ni asfixiar a los totaneros aumentando la presión fiscal";

Al respecto, anunció "una reducción inmediata de 3 millones de euros en el presupuesto del 2012, la venta de patrimonio, la reducción del capítulo I de Personal, el reajuste y eliminación de algunos servicios y la obligación de devolver servicios "impropios" que no son de competencia municipal sino de otras administraciones.

La alcaldesa subrayó que el pago a proveedores "no se suspenderá, sino que se va a efectuar mediante un procedimiento diferente, como regula el propio Gobierno" -dijo- y afirmó que la fórmula será a través del propio Ministerio de Hacienda, que se encargará a efectuar el abono de las facturas tras la documentación facilitada por el Ayuntamiento, que luego descontaría de la participación municipal de los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre este procedimiento, afirmó que la deuda con los proveedores se abonará por parte del Ministerio a costa de los ingresos que el Ayuntamiento recibe del Estado, de tal forma que cerca del 50% de los tributos que el Ayuntamiento recibe del Ministerio se destinarán directamente para compensar esta deuda con los proveedores.

La alcaldesa de Totana dijo que "en adelante el Consistorio no gestionará el pago a sus proveedores directamente con las entidades bancarias para devolver ese dinero en 10 años -como recogía el real decreto-, sino que se realizará con el Estado con un período de devolución de 15 años".

Se refirió al grave riesgo que, de hecho, suponía para la viabilidad del plan un tipo de interés suprior al 5% y un período de carencia de dos años, como ya han advertido algunos alcaldes.

20% ayuntamientos españoles con informe no favorable.

Añadió que "ni somos el único ayuntamiento de la Región ni el único de España, ya que el 20% de éstos van a seguir el mismo proceso" y mostró su contrariedad con actitudes políticas "apocalípticas, dramáticas y de alarma social", por lo que instó a todos los grupos políticos a trabajar para garantizar el futuro de las arcas y los servicios municipales.

Asimismo, dijo que ahora es tiempo de buscar soluciones tomando decisiones -aunque sean "impopulares y drásticas"- y no de sacar "rentabilidad política y electoral".

Expresó su deseo de continuar trabajando de la mano de las instituciones y organismos que permitan dar continuidad al plan de ajuste e informó que esta semana se ha reunido con el consejero de Hacienda, Juan Bernal, y mantiene comunicación directa con el portavoz popular en la Comisión de Hacienda del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, y que la próxima semana se reúne con el presidente Valcárcel y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Enrique Ossorio.

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

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Artículo 11. Aplicación prevista en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento citada, o en el caso de que la hayan concertado e incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u organismo público competente efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado, sin que pueda afectar al cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento financiero contempladas en el plan de ajuste. Para ello se aplicará el régimen previsto para los acreedores públicos en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y lo que, en su caso y en desarrollo de aquélla, dispongan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.