En primer lugar, la empresa concesionaria no quiere dejar de prestar el servicio y no deja por el momento la gestión del servicio pero es una cuestión inminente que se presentará más pronto que tarde ya que si no se produce ninguna modificación de las circunstancias la empresa no puede mantener la actual situación, el déficit es exorbitante. No se trata de un chantaje, se trata de una relación de causa-efecto.

La empresa concesionaria no entra a calificar o descalificar hechos objetivos. Ni tampoco a valorar las declaraciones de los portavoces municipales, si bien merece la pena destacar que se dice que los gastos reclamados han sido fiscalizados negativamente, sin que conste a la concesionaria notificación de tal fiscalización, lo que no deja de ser un tanto sorprendente. Las reclamaciones que proceden ya se han presentado ante el Juzgado y no por la desestimación expresa de las pretensiones de la empresa sino por el silencio producido al no recibir respuesta a los escritos presentados en el año 2015 y 2016, correspondientes a partidas como por citar un ejemplo, consumos de agua del Ayuntamiento que pagó indebidamente la empresa concesionaria. Ese silencio obedece a la falta de diligencia del Ayuntamiento que sigue siendo la titular del servicio y debería interesarse y resolver las incidencias que se presenten en la ejecución del contrato.

Lo que de verdad tiene que preocupar a los vecinos es que el Ayuntamiento no cuenta con un Informe económico sobre el coste del mantenimiento del servicio y su viabilidad tanto mediante una gestión pública como privada, por tanto, difícilmente puede elegir cuál es la mejor manera de gestionar estos centros.

Quien ha propiciado la actual situación ha sido precisamente la Administración Local que decidió, arbitraria y unilateralmente, sin contar con ningún tipo de informe para estudiar los posibles efectos, ni siquiera informando previamente a la concesionaria, modificar los precios públicos para este curso, alterando sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta para la celebración del contrato. Por este motivo, y por las cantidades debidas que no se han abonado, deviene imposible al concesionario continuar con la prestación del servicio.

La Administración municipal no puede instar el cumplimiento del contrato habiendo incumplido previamente ella. La empresa concesionaria informando de la imposibilidad de continuar la prestación del servicio solicitó la resolución del contrato ya en octubre de 2016. Además, de los escritos presentados la concesionaria mantuvo reuniones en las dependencias municipales trasladando sus preocupaciones y la dificultad de la empresa para continuar con la gestión del servicio en las condiciones producidas por la Administración. Ello no obstante, el Ayuntamiento ni informó a nadie ni tomó medida de ningún tipo.