El 23 de marzo pasado, la Fundación Corell presentó en Madrid el trabajo ¨Bases para una nueva Ley general de Movilidad Sostenible”. Se trata de un trabajo promovido por la Fundación y elaborado por prestigiosos juristas del área del Derecho público y de la movilidad.

Una iniciativa del sector privado que se presenta con anterioridad a la propuesta de la administración en línea con lo que debe ser la colaboración públicoprivada. La normativa actual se ha desarrollado a partir de la Ley de 1987.

Urge, por tanto, una actualización con un alcance superior que incluya las infraestructuras y aborde la sostenibilidad del sistema. Es igualmente necesario adaptar el sistema de transporte de viajeros a los cambios demográficos que se han producido en los últimos cuarenta años, con la concentración de la población en grandes ciudades que demandan nuevos modos de organización y gobernanza de los servicios a prestar a la ciudadanía.

En el ámbito organizativo es evidente la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de la Administración pública involucrados en la ordenación de la movilidad de las grandes ciudades y también por supuesto la de armonizar las normativas de las conurbaciones y sus municipios próximos.

A veces descuidamos que la ordenación de la movilidad incide de lleno en el modelo económico de las grandes ciudades, Desde esta óptica, un ejemplo de estrategia de movilidad alineada con la eficiencia económica podría ser el de una regulación específica de la distribución urbana de mercancías (DUM) y su versión más actualizada, la vinculada al e-commerce, lo que dicho sea de paso sería también una actuación clave desde el punto de vista medioambiental.

En las grandes ciudades asistimos a la irrupción masiva de las nuevas formas de movilidad: coches, motos y bicis compartidas, y el fenómeno de la denominada micromovilidad de la que es exponente el creciente impulso del patinete eléctrico.

En cuanto al progreso tecnológico nos referimos a título de ejemplo a las experiencias y ensayos en la UE en el tema de vehículos autónomos, viales inteligentes e incrementos en los pesos y dimensiones de los vehículos.

¿Se podría pensar en una ¨regulación evolutiva y adaptativa¨ resultante de una política activa por parte de la Administración pública en base también a un trabajo prospectivo y la colaboración del sector privado? El concepto de movilidad inclusiva, que haga llegar a todas las personas los efectos beneficiosos de un sistema indispensable para el desarrollo de derechos tan básicos como el trabajo, la educación o la asistencia sanitaria y social debe imponerse ante cualquier otra consideración en una sociedad moderna y avanzada socialmente.

En definitiva, la nueva regulación habrá de discurrir por estos y otros caminos cuya descripción detallada excede del objetivo de este artículo.

Pero el ritmo que debe imprimirse a la transformación normativa, y la necesidad de un marco colaborativo público-privado, del que es expresión el trabajo de la Fundación Corell, son sin duda factores que deben priorizarse ante el importante reto que nos hemos impuesto.