Se ha presentado el informe: "La década pérdida. Mapa de austeridad del gasto sanitario en España 2009-2018", de Amnistía Internacional
Conclusiones del informe.
1. Los últimos diez años representan una década perdida en términos de inversión sanitaria en España y una vulneración del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Las medidas de austeridad en el sistema Nacional de Salud han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento especialmente en la rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores.
3. En un contexto de crisis sanitaria por el Covid-19 el cumplimiento por parte de las autoridades sanitarias centrales como autonómicas de sus obligaciones en materia del derecho a la salud ha adquirido lamentablemente una relevancia y dimensión mayor.
Datos a nivel nacional
El PIB entre 2009 y 2018 ha subido un 8,6%, en cambio, el gasto sanitario público se ha reducido en un 11,21%.
La inversión per cápita ha caído un 10,54%.
La inversión a la atención pública se ha reducido un 13,1%.
La ratio del personal médico y de enfermería en atención primaria por cada 1000 habitantes es prácticamente la misma después de diez años.
Datos Comunidad Autónoma de Murcia
Inversión sanitaria pública: -8%
Inversión sanitaria pública/habitante: -9,96%
Inversión en atención primaria: 6,92%
Personal médico de Atención primaria/1000 habitantes: 0,02 %
Enfermería de Atención Primaria/1000 habitantes: 0,01 %
Gasto sanitario público en atención primaria: -61.589,40 €
Gasto en salud pública: -1497 €
RECOMENDACIONES A ALAS AUTORIDADES CENTRALES Y AUTONÓMICAS
Dar prioridad de manera urgente al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de salud, para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita e incrementar la inversión de manera progresiva.
Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes que se aplique cualquier medida, garantizando la participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma que en tales medidas se desarrollan y aplican.
Priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando su capacidad de asistencia como indica la Organización Mundial de la Salud.
Garantizar mecanismos de consulta y participación efectiva del sector profesional sanitario y de la población afectada y tener en cuenta sus propuestas.
Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.
