El Gobierno regional alerta del grave problema de la inquiokupación que ha generado la Ley de Vivienda estatal

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El Gobierno regional alerta del grave problema de la inquiokupación que ha generado la Ley de Vivienda estatal

El Gobierno regional alerta del grave problema de la inquiokupación que ha generado la Ley de Vivienda estatal, ya que la norma establece que si alguien gana menos de 1.800 euros al mes, el equivalente a tres veces el IPREM, puede declararse vulnerable y no pagar.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, mantuvo hoy una reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, en la que se puso de manifiesto que la ley desprotege a los propietarios de viviendas y favorece la inquiokupación.

Durante el encuentro ambas partes coincidieron en que, desde que el Ministerio aprobó la Ley de Vivienda, "ha crecido de forma alarmante el fenómeno de la inquiokupación", ya que el inquilino deja de pagar el alquiler porque se ve amparado por la Ley y por los decretos antidesahucios.

La okupación aumento en 2024 un 10,11 por ciento en la Región de Murcia, según los datos del Ministerio, ya que pasó de 435 casos denunciados el año anterior a 479 casos. Respecto a la inquiokupación, al no ser un delito tipificado en el Código Penal, no se puede cuantificar mediante denuncia del propietario y no hay datos que reflejen este asunto.

"La inquiokupación está provocando una reducción de la oferta de vivienda porque los inquilinos tienen más derecho que los propietarios", afirmó el consejero, quien subrayó que "los propietarios son las verdaderas víctimas de la inquiokupación, ellos y su entorno familiar son los vulnerables y los que sufren esta situación". Según datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, siete de cada diez desahucios de vivienda son por situaciones de impago de alquiler y los casos de inquiokupación se cifran ya en 25.000 anuales.

El Ejecutivo regional consciente del grave problema de la okupación fue pionero en la creación de un servicio específico para combatirlo, y desde 2022 mantiene una línea de teléfono y un correo electrónico para que la ciudadanía comunique los casos de okupación que le afecten, desde esa fecha se han registrado en torno a unas 800 comunicaciones.

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