El Gobierno regional solicita una memoria económica y un plan de recursos humanos para poder hacer frente al incremento de servicios que incluye la nueva Ley de Dependencia y Discapacidad, ya que "sin garantía de financiación, la normativa queda reducida a una declaración de intenciones, y no a una realidad que permita mejorar el sistema estatal de la Dependencia".

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, hizo estas declaraciones durante el pleno ordinario del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia, celebrado hoy en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Ruiz destacó que "el Ejecutivo central ha vuelto a plantear una ley sin recursos y, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas" y añadió que "el Gobierno de la Región de Murcia siempre apoyará iniciativas que fortalezcan los derechos de las personas dependientes de la Región de Murcia y que sirvan para mejorar su calidad de vida, pero resulta incomprensible que el Ejecutivo central promueva la ampliación y mejora del catálogo de servicios de la dependencia, cuando sigue sin asumir su responsabilidad del 50 por ciento de financiación para garantizar los derechos reconocidos en el actual sistema".

La titular de Política Social preguntó al ministro, Pablo Bustinduy, "hasta cuándo las comunidades autónomas vamos a seguir soportando con fondos propios la mayor parte de los gastos de la dependencia" que, en el caso de la Región de Murcia superó los 332 millones el año pasado (40 millones más que en 2023), siendo más de 244 millones asumidos por el Gobierno regional, frente a los 88 que aporta el Estado. "Una carga presupuestaria que ya resulta asfixiante y que será aún mayor si se hace efectiva esta nueva reforma, al carecer de una viabilidad económica que la acompañe".

La falta de financiación por parte del Estado también se extiende a la Estrategia de Desinstitucionalización ya que, tal y como resaltó la consejera "sigue sin evaluarse el coste real de lo que supone prestar apoyo y una atención de calidad a las personas que eligen permanecen en su hogar". Destacó el importante esfuerzo presupuestario que se está haciendo desde el Gobierno regional en este sentido para, por ejemplo, digitalizar el servicio de teleasistencia, beneficiando a más de 12.600 personas dependientes (un 32 por ciento más respecto al ejercicio anterior), como también para atender la creciente demanda del servicio de ayuda a domicilio, que en la actualidad alcanza a 3.892 beneficiarios, casi un 20 por ciento más que en 2023. Incluso la Comunidad ha ampliado el número de prestaciones en más de un 14 por ciento a lo largo del pasado año.

En cuanto al presupuesto destinado este año al Plan de Desarrollo Gitano y a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, la consejera reclamó que "sigue siendo insuficiente". En el primero de los casos, la financiación no ha experimentado variación alguna con respecto a otros años, máxime cuando 2025 ha sido declarado 'Año del Pueblo Gitano' por el Consejo de Ministros. En el segundo, la financiación estatal continúa sin incrementarse desde hace tres años, "por lo que la comunidad autónoma y las entidades locales deben responder casi a la totalidad de la anualidad con fondos propios. En esta ocasión, el Estado aporta 3,5 millones, mientras que la Comunidad, junto con los ayuntamientos de la Región, sufraga los 26,5 millones de euros restantes", resaltó Ruiz.

La consejera también añadió que "la realidad que estamos viviendo en todo el país, y muy especialmente, en la Región de Murcia, es que las familias tienen que hacer una verdadera gimkana para llegar a final de mes, por lo que los fondos deberían adaptarse al desequilibrio estructural de cada comunidad ya que en las zonas del sur, las cifras son más preocupantes".

Preguntó "si una de las prioridades del Gobierno central es erradicar la pobreza, por qué siguen subiendo los precios de la cesta de la compra, de la vivienda y de los suministros básicos y asfixian a todo un país". Para la titular de Política Social, "el Gobierno de Pedro Sánchez solo está pensando en cómo privilegiar a sus socios independentistas de Cataluña y poco le importa el 1,6 millones de murcianos".