La diputada regional María Dolores Martínez ha realizado esta pregunta oran en el pleno de este viernes y ha resaltado que en el curso pasado había 80 aulas prefabricadas en nuestros centros públicos. "Durante este curso, en lugar de reducirse, hemos pasado a 85 aulas prefabricadas".

"Esta situación no es nueva y, lamentablemente, no es casual. Es la consolidación de un patrón que ya conocemos bien. El Gobierno regional lleva años aplicando una política que demuestra claramente que la educación pública no es una prioridad para el Partido Popular. Si lo fuera, habría un plan serio, realista y, sobre todo, ejecutado, para acabar con las aulas prefabricadas. Pero lo que tenemos son promesas incumplidas, anuncios vacíos y visitas propagandísticas a centros donde no se soluciona nada", ha destacado.

"La educación pública es el pilar fundamental para la igualdad de oportunidades, pero con su gestión, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Los centros no pueden funcionar con falta de recursos básicos, los equipos directivos no pueden seguir asumiendo deudas porque la Consejería no cumple sus compromisos, y las familias no pueden aceptar que la educación de sus hijos dependa de la improvisación del Gobierno regional", ha insistido.

Además, ha denunciado que el abandono de la educación pública por parte del Gobierno regional no es casualidad, es una estrategia. "Pero le advierto, los alumnos y las familias de esta Región no van a seguir aguantando esta situación. Desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos una respuesta clara, una fecha concreta y un compromiso real para la retirada de todas las aulas prefabricadas de la Región de Murcia".

Sobre dotación de recursos a los grados de Formación Profesional

Tras la respuesta del consejero de Educación en la que dice que ya se han transferido los fondos a los grados de Formación Profesional, el diputado regional Juan Andrés Torres ha denunciado que ha tardado un trimestre entero. "El primer trimestre de curso de FP se ha desarrollado sin material para desarrollar sus formaciones. Es un disparate".

Asimismo, Torres ha asegurado que, gracias a esta pregunta oral registrada en la Asamblea Regional por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la Consejería de Educación ha transferido por fin los fondos que debían a la Formación Profesional. "Fondos que vienen del Gobierno de España, aunque al Gobierno regional se le olvide contarlo siempre".

Por otro lado, ha aseverado que en el presente curso se está aplicando por primera vez la Ley de Formación Profesional del Gobierno de España. "Una ley que está a la vanguardia de toda Europa. Una ley que ha llevado a cabo una transformación de la FP sin precedentes para hacerla flexible, dual, moderna y correlacionada al mercado laboral del presente y del futuro. En definitiva, una ley que pone a la FP en el lugar que se merece".

"Además, está contando con la mayor cantidad de dinero público transferido por el Gobierno central a la Región de Murcia de la historia de la democracia. En este curso, la Consejería tiene a su disposición más de 18 millones de euros gracias a Pedro Sánchez para invertirlos en FP en nuestra región".

En otra línea, ha recordado que, a pesar de ser el impulsor de la asignatura de la Constitución Española, es el mayor incumplidor de la misma. "En concreto, del artículo 27 que dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho a la educación. Además, es mal pagador. Les debe dinero a los institutos, FP, a los libreros, etcétera".

Por lo tanto, ha terminado recalcando que lo que tiene que hacer el consejero de Educación es ponerse a trabajar con lealtad institucional y garantizar por tanto los recursos a los alumnos y docentes.

Sobre incumplimiento de la sentencia del TSJ de incoación de expediente de protección como monumento BIC al Convento de San Francisco de Paula de Alcantarilla

La diputada regional Lola Jara ha calificado de "inaudito" que un conjunto monumental levantado por los frailes Mininos a principios del siglo XVIII haya permanecido en el limbo durante 19 años. "Afortunadamente, el TSJ ha dictado una sentencia recientemente dejando muy claro que están obligados a iniciar el procedimiento administrativo de solicitud de la declaración de BIC de este emblemático convento".

"No obstante, con su habitual dejación en materia de patrimonio, la Consejería de Cultura ha tardado ocho meses en iniciar la incoación del debido expediente de protección BIC recreándose en un alarde de insumisión a las decisiones judiciales", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que tampoco el Ayuntamiento de Alcantarilla ha defendido en vía administrativa ni judicial la protección de este importante monumento de su municipio.

"Que les quede muy claro que lo que consiguieron hace 19 años mediante un sospechoso defecto de forma de la administración regional excediendo unos días el tiempo de resolución de declaración BIC no se volverá a repetir porque vamos a vigilar muy de cerca su gestión", ha destacado.

Sobre actuaciones de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social para combatir la economía sumergida en la Región de Murcia

La diputada socialista Virginia Lopo ha destacado que la Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de economía sumergida, con un 17,4 %, solo por detrás de Canarias (17,9 %), Andalucía y Extremadura (17,8%).

Lopo ha explicado que la economía sumergida provoca una pérdida de ingresos fiscales esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos, reduce la competitividad de las empresas y fomenta la precariedad laboral.

En este sentido, ha indicado que el montante económico que mueve la economía sumergida en la Región puede alcanzar hasta 6.900 millones de euros al año, una cifra superior al Presupuesto con el que ha contado la Comunidad Autónoma en 2024 (6.526 millones de euros) y cerca del triple de la inversión destinada a financiar el sistema sanitario (unos 2.300 millones de euros).

Finalmente, ha señalado que la económica no declarada puede suponer un mínimo de 5.600 millones de euros, "lo que equivaldría a si una mafia nos quitara 8.500 euros al año a cada una de las 670.000 personas ocupadas en la Región, y un máximo de 6.900 millones de euros, más del total del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para este año, tres veces más del gasto destinado a sanidad.