El diputado Víctor Egío asegura que "a día de doy nadie asegura a los vecinos que no van a sufrir malos olores, ruidos y la contaminación de suelos y acuíferos, como ya se ha denunciado en otros lugares de España", por lo que la formación morada planteará "por prudencia" una moratoria de 5 años y el desarrollo de una normativa específica

La instalación de plantas de biogás en la Región de Murcia se ha encontrado desde el pasado verano con una fuerte oposición vecinal. En municipios como las Torres de Cotillas y Santomera los vecinos ya han constituido plataformas que rechazan frontalmente estas instalaciones en su territorio y, en San Javier, el alcalde José Miguel Luengo tuvo que convocar el pasado lunes una reunión para tratar de calmar las aguas. También los vecinos de Molina están recogiendo firmas online para evitar otra planta en el polígono de La Polvorista.

A ello se suma ahora la iniciativa de Podemos, que llevará al pleno de la Asamblea Regional del próximo martes una moratoria a las plantas de biogás. "Aunque la producción de biometano, como fuente de energía renovable, puede ser una solución adecuada para la reutilización de ciertos residuos como son los purines, los impactos las plantas de biogás en las zonas donde se ubican son también considerables", asegura el texto planteado por la formación morada. Entre estos efectos negativos, se encontrarían "la producción de basuras y residuos, el riesgo de contaminación de suelos debidos a derrames o fugas, los malores olores, el elevado consumo de agua y de energía, la generación de ruido y los riesgos de incendio y explosión".

El diputado autonómico Víctor Egío subraya que "a día de hoy, nadie asegura a los vecinos que no van a sufrir estos impactos, como ya se han denunciado en otros lugares de España" como Campillos, en la provincia de Málaga, "donde la gente tiene que vivir con las ventanas cerradas y sufre migrañas por los intensos olores". Además, asegura que los efectos negativos también los padecerían "los vecinos de las carreteras y caminos a través de las cuales se van a transportar miles de toneladas de purines cada día, muchas veces atravesando núcleos urbanos".

Podemos solicita que en el plazo de cinco años de vigencia de la moratoria se desarrolle una normativa ambiental específica para este tipo de instalaciones. "Una de las quejas más habituales son los malos olores, pero la Región carece de una ley que regule la contaminación odorífera como sí existe en Andalucía", denuncia Egío. "Aquí hay intereses económicos muy fuertes detrás, fundamentalmente del sector energético y del sector porcino, pero para nosotros lo primero es la calidad de vida de los vecinos", ha concluido el diputado.