Murcia, [12, noviembre 2024] El coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha cargado contra la negativa del Gobierno Regional a aplicar la normativa vigente para la revisión de las tarifas del agua potable, "lo que supone un grave perjuicio económico para toda la ciudadanía", tras el debate de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Podemos-IU) en la Asamblea Regional exigiendo tanto que se paralicen "inmediatamente" estos incrementos "abusivos e ilegales", como las comparecencias del Consejero de Economía y Hacienda y la Consejera de Empresa para que den cuenta de las acciones contra los técnicos críticos.

En sus declaraciones, Álvarez-Castellanos explicó que, según la sentencia del Tribunal Supremo 1770/2020, las tarifas del agua potable gestionadas por empresas concesionarias deben considerarse prestaciones patrimoniales públicas. Esto implica que su revisión debe realizarse a través de ordenanzas municipales y bajo la normativa de precios autorizados, no mediante acuerdos contractuales entre ayuntamientos y empresas. Sin embargo, el Gobierno Regional insiste en no aplicar esta normativa y, en su lugar, permite que las tarifas se negocien como si fueran parte de contratos privados.

"El Partido Popular está utilizando una sentencia equivocada del Tribunal Supremo, la n° 192/2022, para justificar esta práctica", afirmó Álvarez-Castellanos. "Esta sentencia no tiene nada que ver con las tarifas del agua potable, ya que se refiere a un recurso sobre las tarifas de estacionamiento en el puerto de Alicante, un caso completamente diferente y regido por la Ley de Contratos", puntualizó.

El coordinador de IU-Verdes recordó que el propio Servicio Jurídico de la Consejería de Empresa ha confirmado que las tarifas del agua potable están sujetas a la normativa de precios autorizados. "En un recurso presentado por el Ayuntamiento de Moratalla, el Servicio Jurídico dejó claro que no estamos ante una revisión de precios de contrato, sino ante la aprobación de una nueva ordenanza con tarifas que deben justificarse con base en los costes reales del servicio", explicó.

Álvarez-Castellanos advirtió que esta situación no es una mera discusión jurídica, sino que tiene consecuencias directas para los ciudadanos. "Permitir que las empresas concesionarias trasladen automáticamente cualquier desequilibrio económico al precio del agua supone una carga ilegal para los usuarios, pues se incluyen incrementos por el IPC, beneficios industriales y otros gastos que no forman parte del coste real efectivo del servicio", señaló.

Desde Izquierda Unida-Verdes insisten en que la revisión de tarifas debe basarse únicamente en los costes reales y efectivos del servicio, debidamente justificados con una memoria económica exhaustiva. "Nos oponemos a que se aplique la Disposición Transitoria 1 de la Ley de Desindexación de la Economía Española, que permite cargar estos costes adicionales a los ciudadanos. Proponemos la aplicación de la Disposición Transitoria 3, que limita este traslado de costes y obliga a los ayuntamientos a asumir los gastos adicionales con sus propios recursos", explicó.

Por último, el dirigente de izquierdas también destacó dos medidas clave para resolver esta problemática: en primer lugar, la remunicipalización del servicio de agua potable, "Es fundamental que el servicio vuelva a ser gestionado directamente por los ayuntamientos, eliminando la intermediación de empresas concesionarias que encarecen el coste para los usuarios", afirmó Álvarez-Castellanos. Así como la aplicación de la normativa correcta: "Exigimos que se siga la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Servicio Jurídico de la Consejería de Empresa para aplicar la normativa de precios autorizados. Solo así garantizaremos que las tarifas del agua reflejen el coste real del servicio, evitando abusos tarifarios", concluyó.

Con estas propuestas, Izquierda Unida-Verdes "busca proteger a los ciudadanos frente a los incrementos injustificados en las tarifas del agua y garantizar una gestión pública transparente y eficiente del servicio en la Región de Murcia".