CCOO exige al Gobierno murciano que cumpla los acuerdos adquiridos con las ATE

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CCOO exige al Gobierno murciano que cumpla los acuerdos adquiridos con las ATE

La Federación de Enseñanza de CCOO recuerda al ejecutivo murciano la obligación legal de cumplir los compromisos y acuerdos sobre las Auxiliares Técnicas Educativas firmados en instancias tales como el Consejo de Gobierno y la Asamblea Regional.

La Federación de Enseñanza de CCOO hace constar al ejecutivo murciano que ya se ha comprometido en numerosas ocasiones a iniciar el proceso de reclasificación profesional de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), la revisión de ratios, la definición de funciones de los ATE y medidas contra la alta temporalidad ocasionada por los contratos por programa y por el abuso de las jornadas parciales.

CCOO expresa que no se trata de una nueva reclamación sino que tiene un largo historial de compromisos ya adquiridos en los diferentes organismos de la Comunidad Autónoma.

El Consejo de Gobierno ratificó el 16 de marzo de 2016 el Acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, que establecía la promoción profesional de los colectivos de Conductores y de Agentes de Seguridad y Control de Accesos, los Operadores de Transmisiones y los Auxiliares Técnicos Educativos.

Cuatro años después, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2020 recogía en el punto sexto que "Con carácter inmediato, Administración y Organizaciones Sindicales constituirán la Comisión Técnica de Promoción Profesional para el estudio de la promoción profesional de los colectivos correspondientes a las Opciones de Transmisiones (C2), Auxiliar Técnico Educativo (C2), Animación Social y Cultural (C1) y Laboratorio (C2), reservándose, en su caso, un número suficiente de plazas para la misma durante la vigencia de este acuerdo". De todo este compromiso adquirido solo la Comisión Técnica de los auxiliares educativos está paralizada.

El sindicato CCOO Región de Murcia solicita a la Consejería de Educación y Formación Profesional y a su consejero el señor Víctor Marín que ejecute las medidas propuestas por el grupo socialista, recogidas en la "Moción sobre la incorporación de auxiliares técnicos educativos en centros con alumnos de necesidades educativas especiales", aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional el día 22 de octubre (boletín oficial de la Asamblea Regional del 5 de noviembre de 2024):

Asegurar al nuevo alumnado con Necesidades Educativas Especiales que requiera de apoyo de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) su admisión en el centro educativo elegido como primera opción, garantizando que ningún alumno con Necesidades Educativas Especiales sea desplazado a otros municipios, ni separado de sus hermanos por falta de ATE.

Certificar la incorporación o continuidad de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) en todos los centros educativos donde existan alumnos con necesidades educativas especiales y tomar las medidas necesarias para que su dotación se realice antes del inicio del curso escolar.

Aumentar el número de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) itinerantes en los Centros de Educación Especial que permita dar una respuesta inmediata a las necesidades de los centros educativos: cobertura inmediata de bajas por enfermedad, salidas y excursiones que lo precisen, cursos de formación del personal, asuntos personales.

Establecer una ratio de número de alumnos con necesidades educativas especiales por ATE y aumentar la dotación en Centros de Educación Especial y aulas abiertas.

CCOO Enseñanza recuerda también al ejecutivo regional murciano las 6.200 firmas presentadas al Consejero responsable de Educación, Víctor Marín, el pasado 16 de marzo de 2023 para respaldar un documento con propuestas de reclasificación profesional, ratio, funciones y condiciones laborales para las ATEs.

CCOO advierte al Gobierno de la Región de Murcia que ya ha cruzado todas las líneas admisibles con este colectivo y que el sindicato no está dispuesto permitir que el ejecutivo continúe estafando a las trabajadoras de la Atención Educativa con la dilación de los compromisos adquiridos, el primero de los cuales data de 2016.

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