La Comunidad Autónoma pacta con el Gobierno Central el incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado

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CCOO critica que los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la CARM se suban el sueldo un 5% sin cumplir los objetivos de déficit

La Comunidad Autónoma pacta con el Gobierno Central el incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que el Estado permite subir un 5% el sueldo a los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la CARM, "y no, por tanto, al conjunto de los empleados públicos de la Administración Regional".

El Estado prohíbe en la Disposición adicional trigésima que el Gobierno Regional y sus altos cargos recuperen la minoración de su sueldo en un 3%, aplicada a partir de la Ley Regional 5/2012, a pesar de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado prohíbe recuperarla si no cumple los objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto correspondiente, circunstancia, apunta CCOO, que no se cumple.

La Ley de Presupuestos Generales de la CARM para 2024, en su artículo 26.1, ha establecido la recuperación no conforme a presupuestos del 3% de la minoración que se hizo en su momento, y sobre la cantidad resultante ha aplicado el 2%, acordado por CCOO y UGT, para todas y todos los empleados de las Administraciones Públicas. En total, una subida del 5% en 2024. El Estado comprobó la ilegalidad de tal subida salarial e interpuso una demanda y convocó la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para llegar a un acuerdo. El resultado se ha conocido hoy: el Estado y la CARM han acordado incumplir la ley y subir un 5% el salario al Gobierno Regional y sus altos cargos a cambio de que no se aplique ninguna recuperación salarial a los casi 55.000 empleados públicos de la CARM.

A juicio de CCOO esta decisión refleja un claro menosprecio tanto por la legislación como por la labor que realizan las personas trabajadoras de la administración pública regional

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