La directora general de la Guardia Civil, "sólo se construirán unas 40 viviendas", esto es "una auténtica vergüenza que demuestra las mentiras del Ministerio hacia las familias damnificadas y con toda la sociedad cartagenera", ha denunciado la diputada María Casajús
En octubre se anunció que el procedimiento ha pasado de urgente a ordinario, "lo que conlleva que se eternice el trámite administrativo en el tiempo y que sea necesario incluir una partida específica para tal fin en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año"
La Asamblea Regional ha aprobado, sin el apoyo del PSOE, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno de España a que se inicie de manera inmediata la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena, "tal y como se contempló y prometió en un principio, con unas infraestructuras mejoradas y con 96 viviendas para los Guardias Civiles".
Así lo ha recalcado la diputada regional María Casajús, que ha recordado que en 2019 el Ministerio del Interior planteó este proyecto, "dándose la circunstancia de que fue el ministro Grande-Marlaska quien, en marzo de ese mismo año, participó en la presentación de la candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Cartagena por el PSOE".
Posteriormente, en el año 2021, después de que la Asociación Unificada de guardias Civiles denunciara lo que consideraban "el estado ruinoso del cuartel", de nuevo el Ministerio del Interior comunicó al Ayuntamiento de Cartagena que el municipio contaría con un nuevo cuartel, "pero se olvidaron de las viviendas tal y como manifestó la misma asociación", ha denunciado la diputada.
A través de una misiva, el Ministerio concretó que esta nueva construcción estaría enmarcada en elPlan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, pero "lamentablemente, la realidad es que en dicho Plan el proyecto ni está ni se le espera", ha asegurado Casajús.
Fue el 10 de octubre de 2023 cuando el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se tomaba razón de la Declaración de Emergencia para la contratación de las obras para la demolición y reconstrucción del acuartelamiento de la Guardia Civil de Cartagena, por casi 32 millones de euros.
En ese momento, el Ministerio del interior puso en marcha una inspección del edificio del cuartel, en el que "se evidenciaban los graves daños de las instalaciones, dando datos incompatibles con el uso en condiciones mínimas de seguridad". Por este motivo, el Ministerio acordó el desalojo inmediato y demolición de los 11 inmuebles que se encontraban en peor estado y sustituirlos por otros tantos de nueva construcción y, respecto al Edificio 9, el único que solo requería de una reforma integral, las obras se tramitaron también por el procedimiento de emergencia para una reparación inmediata.
Un total de 86 familias que vivían en el acuartelamiento fueron desalojadas comenzando los trabajos de demolición, aun así, según denunciaba la Asociación Unificada de la Guardia Civil, "en septiembre de ese mismo año se encontraban trabajando en distintos turnos alrededor de 70 agentes de la benemérita en esas instalaciones, a los que tan sólo protegía un vallado", ha incidido la diputada.
A principios de este año, se concluyeron los trabajos con la demolición de las últimas dependencias, pero a finales de febrero, se determina que también ha y que proceder al derribo del Bloque 9. "Un despropósito que ha supuesto un nuevo retraso al ser necesario la modificación del proyecto original por la necesidad de incluir el coste del nuevo derrumbe y el de la construcción de un nuevo bloque de pisos, incrementado la preocupación de las familias desalojadas".
En mayo de 2024, tras casi 5 meses con el proyecto paralizado, el Ministerio del Interior, anunció que retomaría el mes siguiente las obras de construcción "tras haber solventado problemas de carácter técnico que encarecieron el proyecto, un encarecimiento que pasó por consejo de Ministros, donde fue rechazado", porque "para ellos es impensable cumplir sus compromisos adquiridos con los guardias civiles de Cartagena y sus familias".
Además, según ha manifestado recientemente la directora general de la Guardia Civil, "sólo se construirán unas 40 viviendas", esto es "una auténtica vergüenza que demuestra las mentiras del Ministerio hacia las familias damnificadas y con toda la sociedad cartagenera".
"Llegamos a septiembre con las obras paralizadas durante 4 meses y, a principios de octubre hemos conocido que el procedimiento dejó de ser urgente para pasa a ser ordinario, lo que conlleva que se eternice el trámite administrativo en el tiempo". Además, para poder llevarlo a cabo es necesario incluir una partida específica para tal fin en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, "pero no tenemos dudas de que el resto de las peticiones de esta región quedarán aplazadas por detrás de aquellas que sirvan para seguir asegurando la estancia de Sánchez en la Moncloa", ha manifestado la diputada.
"Frente a la desidia del Gobierno central, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma han ido, desde el primer momento, de su mano ofreciéndoles instalaciones donde seguir prestando sus servicios y siendo intermediarios en la consecución de alquileres para las familias".
El Gobierno de España se comprometió a ejecutar el proyecto en un plazo de 30 meses, pero "un año después sólo encontramos un solar en donde hasta el mes de enero se encontraba la Casa Cuartel", ha lamentado Casajús.
"Cartagena se merece un Cuartel de la Guardia Civil acorde a sus características, y que el Ministerio dé los pasos reales para que se convierta en una realidad. Porque, a diferencia de un Gobierno en el que se puede confiar, como el de Fernando López Miras, que cumple con sus compromisos, como se ha podido comprobar con la Facultad de Enfermería de Cartagena, el gobierno de Sánchez miente continuamente y no cumple con sus compromisos", ha finalizado.
