La futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia contemplará las demandas de reducción de la burocracia, estabilidad en la financiación y atracción y retención del talento investigador. Estas peticiones y las recomendaciones para solventarlas están reflejadas en un informe elaborado por la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia, a petición de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Los datos que recoge el documento bajo el título de 'Diagnóstico y Prospectiva sobre el Sistema de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia' proceden de una amplia encuesta entre el personal investigador, así como de la interacción con dos grupos de discusión celebrados entre junio y julio con la participación 14 investigadores con un alto grado de excelencia investigadora, incluyendo a catedráticos, profesores e investigadores de las tres universidades de la Región y organismos del CSIC.

Las tres principales demandas de los profesionales que conforman el Sistema de Ciencia y Tecnología regional se centran en burocracia, financiación y contratación de jóvenes investigadores. En el primer caso, el colectivo lamenta que dedica "más tiempo a la gestión que a la investigación". El documento propone en un primer momento el diseño de un plan de simplificación administrativa y reducción de la carga burocrática, basado en un estudio previo de la situación actual, en colaboración con universidades y otros organismos públicos de investigación y la Consejería.

A este plan seguiría una comisión de trabajo, compuesta por investigadores, para agilizar el régimen de justificación económica. "Debemos apostar por un modelo más flexible, disminuyendo las exigencias de fiscalización previa y adoptando un sistema de control centrado en el cumplimiento de objetivos científico-técnicos", desgrana el informe, que propone también la financiación de puestos de técnicos especializados de gestión de proyectos para liberar a los investigadores de las tareas administrativas.

En un segundo nivel se encuentran la falta de regularidad en las convocatorias de proyectos, que no permiten la programación de la investigación a largo plazo. Los investigadores han puesto en tela de juicio el actual modelo con proyectos atomizados de bajo presupuesto que no logran grandes resultados.

Mejor financiación, más constante y predecible

El informe apunta a un sistema de financiación regional de la ciencia más predecible, constante y mejor dotado, algo que también va a recoger la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca más convergencia con el resto del país y cobertura para contratación de personal. El documento también pide que se establezca un calendario vinculante de convocatorias a medio plazo y evaluar la creación de un programa de financiación para grupos de investigación bajo el paraguas de grupos de excelencia y emergentes con indicios de calidad

Asimismo, recomienda priorizar la financiación de gastos de personal en los proyectos, avanzar hacia la convergencia con otras regiones en cuanto al porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo -a pesar de las limitaciones del actual sistema de financiación autonómica-, aumentar la oferta de contratos predoctorales y estabilización, y reducir la atomización de las convocatorias para maximizar el impacto de los proyectos.

Respecto al incipiente problema de la posible falta de relevo generacional en el ecosistema investigador, se pide acabar con la precariedad laboral y mejorar el reconocimiento de los jóvenes investigadores, promoviendo una mayor oferta de contratos predoctorales y postdoctorales. Se considera necesario también acortar los tiempos hasta la estabilización, a través de un plan integral para el relevo generacional que promueva la atracción y retención de talento.

En este sentido, se considera prioritario hacer atractiva la carrera científica en sus etapas iniciales, replanteando las condiciones de los contratos predoctorales. Rebajar las matrículas de los programas de doctorado y proponer cambios dentro de las competencias autonómicas para reducir la falta de incentivos salariales y profesionales.