La formación de izquierdas exige dotar a los órganos judiciales en la Región de Murcia de los medios necesarios para poder llevar a cabo sus investigaciones de forma correcta y con la mayor celeridad posible, evitando los múltiples casos de afectados por dilaciones indebidas
Hoy, los diputados de IU Enrique Santiago, Nahuel González y Engracia Rivera, junto al Grupo Plurinacional de Sumar, han presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL). Esta iniciativa, impulsada por Enrique Santiago, portavoz de Sumar en Interior y Justicia, insta al Gobierno de España a que solicite a la Fiscalía General del Estado para que abra una investigación sobre las causas de la dilación indebida y el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía de Murcia con 7 empresarios que han confesado haber pagado para mantener relaciones sexuales con menores en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Justicia.
El objetivo es analizar las posibles causas de los retrasos en el proceso judicial y cómo estos han permitido que se llegara a un acuerdo de conformidad, eludiendo penas más severas. Según indica la formación de izquierdas en la iniciativa registrada "Si nada lo impide, los retrasos judiciales van a permitir a siete empresarios de la Región de Murcia librarse de entrar en prisión después de reconocer haber abusado sexualmente de menores. Y no es una excepción: la falta de personal y de medios, además de posibles otras razones, están retrasando de tal modo los procesos judiciales en toda España, pero de modo particular en la Región de Murcia, que muchos criminales confesos se están beneficiando de lo que se conoce como dilaciones indebidas, que no son más que las excesivas demoras de los procesos judiciales por causas ajenas a los acusados".
Por ello, la propuesta también solicita que se doten de los recursos necesarios a los órganos judiciales de la Región de Murcia, para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
El coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia, Jose Luis Álvarez-Castellanos, indica que este tipo de "acuerdos vergonzosos" y las demoras procesales generan preocupación por el impacto en el acceso a una justicia eficiente y oportuna, especialmente en casos sensibles que involucran a menores de edad. Álvarez-Castellanos considera "necesario acabar con la situación endémica en Murcia, la cual ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la Fiscalía General de la Región de Murcia. Nuestra región ocupa el primer lugar en carga de trabajo a nivel nacional, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de aumentar los recursos y mejorar la gestión para asegurar que se puedan atender adecuadamente todos los casos judiciales."
Por último, el líder regional de izquierda ha reclamado que "en casos como el que nos ocupa, resulta un auténtico escándalo que siete acusados confesos de delitos tan graves puedan prácticamente quedar impunes, eludiendo los castigos que hubieran merecido si la instrucción se hubiera llevado a cabo con la diligencia que exige un sistema judicial moderno". Haciendo hincapié en que con esta PNL, Izquierda Unida y Sumar buscan que se haga una revisión a fondo para garantizar que todos los procesos judiciales de abuso sexual y trata de personas se realicen con las garantías necesarias y en tiempos razonables.
