La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos se ha reunido esta mañana en una doble sesión, continuando el proceso de comparecencias previas para una posible reforma de la Ley 3/2020, de 27 de junio, de recuperación y protección del Mar Menor.
El primero en comparecer ha sido Pedro Fernández Molina. El ingeniero agrónomo ha explicado que “la actual Ley no aborda el principal factor de degradación de la laguna, como son las aguas residuales. Resulta clave para la protección y la recuperación del Mar Menor que la posible modificación de la Ley incluya artículos que mejoren las actividades de depuración, saneamiento y centros de impulsión”. Ha incidido en la elevada exigencia técnica de los capítulos V y VI de la actual Ley y ha detallado los artículos que considera susceptibles de ser modificados por ser “imprecisos, sin rigor y sin ventajas a la mejoría del Mar Menor”. Para Fernández Molina “existen más elementos de consenso entre las distintas fuerzas políticas, científicos y técnicos de lo que parece” y considera “imprescindible que todos trabajemos desde la voluntad de servicio e interés general, por una única prioridad: la protección del Mar Menor”.
A continuación, ha comparecido el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. Francisco Cabezas Calvo-Rubio ha propuesto una reforma de reorganización del texto de la Ley “en distintas piezas normativas: una ley propiamente dicha, mucho más reducida y centrada enlos aspectos y objetivos esenciales; un reglamento de desarrollo con detalles de procedimiento y contenidos; y un plan de actuación, que sería un programa de medidas para ejecutar, con previsiones y compromisos de agentes ejecutores, responsabilidades y valoraciones económicas”, así como la inclusión de una mención expresa a un “régimen económico y sancionador explícito y unificado”. Ha señalado que “muchos problemas relacionados con las aguas suterráneas, su agotamiento y degradación, por ejemplo por nitratos, se dan también en otras áreas como el Guadalentín, y es razonable que todo quede amparado bajo una misma exigencia de protección”. Cabezas Calvo-Rubio ha incidido en la “inexcusable necesidad de unir voluntades entre administraciones en torno a un objetivo compartido y una percepción común”, así como “favorecer el necesario clima de entendimiento y voluntad común, sin el que los mecanismos de participación y concurrencia que la propia Ley ha dispuesto serán ineficaces”.
Durante la reunión, en un turno general de intervenciones, han intervenido los diputados Manuel Sevilla Nicolás (G.P. Socialista), Antonio Martínez Nieto (G.P. Vox), María Marín Martínez (G.P. Mixto) y Jesús Cano Molina (G.P. Popular)
