El preacuerdo firmado por Csif, Staj y Cig con el Ministerio de Justicia para la implantación de un nuevo modelo que pone patas arriba toda la organización de la Administración de Justicia basado en unos Tribunales de Instancia y en una nueva oficina judicial estructurada en macro-oficinas, confirma importantes restricciones de derechos laborales a los y las trabajadoras de la Administración de Justicia consagrando, por ejemplo, la restricción de la movilidad voluntaria, reduciendo los centros de destino y la generalización de asunción obligatoria y sin compensación económica de tareas de otro puesto de trabajo distinto a aquél en que se está destinado.
En el colmo de la falta de respeto a los trabajadores y a las trabajadoras, el ministerio, con la aquiescencia del resto de sindicatos, obligó a dar un sí o un no a la firma de un preacuerdo de manera urgente, sin permitir realizar una consulta a la totalidad de los trabajadores ante una reforma organizativa de enorme calado que va a condicionar el trabajo de los próximos lustros y decenios en la administración de justicia.
CCOO no firma este acuerdo porque no se recogen las reivindicaciones que defendimos junto a los trabajadores en una huelga de más de dos meses de duración en el 2023, más allá de una mera formulación sin compromiso real alguno en el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizamos en los órganos judiciales y fiscales, en la implantación real y efectiva de la carrera profesional tantas veces olvidada por el ministerio de justicia, en la eliminación de los grupos de población en los mismos términos que la acordada para Jueces, Fiscales y Letrados
Además, los efectos de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, y el tránsito desde el actual modelo organizativo de Juzgados al nuevo modelo derivado de la implantación de los Tribunales de Instancia, implicará el establecimiento de macro-oficinas sin especialización alguna y que darán servicio a la práctica totalidad de jueces, organizados éstos sí en Tribunales de Instancia en cada localidad, en los que se limita la posibilidad de concursos de traslado entre varios centros de destino, se pone en riesgo la número de puestos de trabajo que, en la actualidad, tienen retribuciones especiales, por ejemplo el número de puestos que realizarán las guardias en los juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción, se podrán compatibilizar puestos de trabajo diferentes asignando tareas de otra oficina de la misma o de diferente localidad, esto es, una movilidad funcional forzosa para atender, sin plantillas adecuadas, las sobrecargas de trabajo de determinados órganos judiciales.
Las Oficinas de Justicia del Municipio que sustituirán a los Juzgados de Paz han quedado absolutamente desreguladas, tanto en sus funciones, como en el personal que prestará servicio en ellas. Su regulación en la Ley de Eficiencia con el acuerdo de los sindicatos firmantes las convierte en un cajón de sastre.
En definitiva, un acuerdo que incluso, en aquellas localidades donde ya está implantada la NOJ desde el año 2010 como es la localidad de Murcia, provocará nuevas reordenaciones de efectivos hacia unos centros de destino mucho más amplios, sin que se respete la diferenciación de puestos ya existentes en los nuevos servicios comunes bien por órdenes jurisdicciones como ya existen o bien por secciones especializadas del Tribunal de Instancia, lo que tampoco augura una mejor eficiencia en la prestación del servicio público de la Justicia.
