Los líderes local y regional de IU afirman que “las captaciones delictivas de agua y la desecación de ríos y manantiales son posibles por la complicidad de los poderes”

Los que sólo controlan su término para “cargar santos”; los amigos de la “legalización exprés”  de granjas irregulares; los que no ejercen sus competencias para hacer cumplir las leyes ambientales, la ley de suelo o la ley de aguas; los que firman, sin tener competencias para ello, documentos de disponibilidad de  recursos hídricos; o los que guardan en un cajón las diligencias de la Guardia Civil hasta que caduquen o prescriban las presuntas conductas delictivas que se investigan, son tan responsables como los que expolian un recurso natural tan básico como el agua de todos, robando por la noche el agua de los ríos, desviando caudales o pinchando con pozos ilegales.

Nos sorprende también los silencios de las comunidades de regantes, por el expolio de unos caudales que después llegan al pantano de Puentes, y, claro, el de aquellos ganaderos (y sus asociaciones) que cumplen con la ley y las normas y a los que se hace competencia desleal con esas conductas delictivas.

Sosa y Álvarez Castellanos felicitan al SEPRONA por su labor y piden reforzar con más medios humanos tanto este Servicio como la Fiscalía de Medio Ambiente

Los líderes local y regional de IU-Verdes, Pedro Sosa y José Luis Álvarez-Castellanos, comparecían esta mañana ante los medios de comunicación para exponer tanto su análisis, como su contribución, como sus demandas a futuro que quieren plantear en el caso del “robo del agua” que investiga en estos momentos la Guardia Civil y cuyo alcance, con seguridad, irá más allá de los 56 “investigados” de los que están dando cuenta los medios de comunicación.

El concejal de izquierdas ha comenzado afirmando que parte de las investigaciones del SEPRONA en este nuevo caso de corrupción en torno al agua tienen su origen en denuncias formuladas por IU, y firmadas por el propio Sosa en su calidad de concejal ante la Guardia Civil de Lorca. Desde la más lejana en el tiempo en donde les mandábamos una foto geolocalizada en la que se observaba como se extraía ilegalmente agua del curso del río Luchena a través de una bomba, hasta la denuncia formulada la semana pasada, con nueva aportación de material gráfico, en la que se percibe cómo se pincha un pozo en el entorno del paraje del Tornajo en Doña Inés. Sosa sostiene que sólo tiene palabras de agradecimiento a este Servicio de la Guardia Civil, cuyo compromiso y eficiencia contrasta con el papel que el resto de instituciones está adoptando en éste y en otros casos similares, en los que ponerse de perfil es la tónica general.

Pasan cosas en Lorca, que tienen proyección nacional, como este caso del “robo del agua” o como el de la detención de decenas de personas en un caso de explotación laboral en el campo, y aquí, salvo la Guardia Civil y nosotros, nadie más hace nada y nadie más dice nada.

¿Dónde están el Alcalde, el gobierno local, el gobierno regional o Aguas de Lorca, que más que mantener una posición de defensa del interés general, parecen estar contribuyendo a esconder, cuando no a favorecer, a quienes están detrás de estos robos de agua?

¿Dónde están las comunidades de regantes y las asociaciones de ganaderos que no salen a defender a esa parte mayoritaria de agricultores y ganaderos que, respetando las normas sociales y ambientales, se están viendo perjudicados por una enorme competencia desleal de los incumplidores?

Tras hacerse esas preguntas, Sosa ha recordado que en abril de 2024, hace 2 meses y medio, denunciábamos la “legalización exprés” de 30 granjas porcinas irregulares repartidas por el municipio: un proceso de regularización que afecta a explotaciones que están fuera de ordenación urbanística, y que están tramitando de manera conjunta el gobierno local de Lorca y el gobierno de la Comunidad Autónoma.

Sosa preguntó en el Pleno de ese mes de abril sobre este intento de legalización de lo ilegal por la puerta de atrás que, en opinión de los líderes de izquierdas, causará perjuicios a muchos vecinos de Lorca, afectará al medio ambiente, a la calidad del aire que se respira, a la calidad del agua y del suelo que se puede estar contaminando por nitratos, a la correcta ordenación del territorio, a la buena armonización de los usos del suelo y a la indeseable normalización de una competencia desleal con los ganaderos que hacen bien las cosas. Y por ello exigía: “Relación detallada de esas 30 granjas ilegales que se pretenden legalizar, con expresión de quiénes son sus propietarios, en su caso, para quiénes trabajan, dónde se ubican, a qué pueblos y a qué pedanías condenarán a soportar malos olores y nubes de moscas, qué acuíferos y qué suelos, en su caso, seguirán contaminándose, a qué vecinos de Lorca le restarán valor a sus casas y propiedades, qué sitios y espacios naturales protegidos pueden verse afectados y quiénes son los que saldrían beneficiados económicamente de esta medida.”

La respuesta del concejal del PP de agricultura a aquella pregunta no podía ser más lacónica. Ángel Meca indicó que: “no está de acuerdo en cómo ha formulado la pregunta. Se le dará traslado de su solicitud”. Sosa afirma que casi tres meses después aún sigue esperando ese “traslado” de información al que tiene derecho como concejal.

También ha recordado, vinculándolo con este nuevo caso, como en junio de 2020 IU se oponía a la construcción de una macrogranja de 12.000 lechones a los pies de la sierra del Gigante en el paraje de Fontanares: Allí señalábamos que ese proyecto para el que se solicitaba  licencia de construcción al Ayuntamiento se basaba en un informe sobre idoneidad del suelo para sólo 2.000 cabezas y que se garantizaba que el suministro de agua sería de la red pública, cuando Aguas de Lorca no cuenta con canalizaciones en la zona.

Por su parte José Luis Alvárez-Castellanos, líder regional de IU, ha insistido en que este nuevo caso de “robo de agua” no es otro hecho puntual y aislado, sino un episodio más de un grave problema estructural de un modelo corrupto de explotación en el agro murciano, que un día se hace evidente en Mazarrón, otro en el noroeste murciano, y otro, como en el “caso Topillo” en el campo de Cartagena. Un caso que, ha abundado, tampoco podemos desvincular del que nos traía aquí a Lorca, hace dos semanas, sobre explotación laboral en los campos de La Hoya y de Alhama de Murcia. Pese a sus dimensiones y ramificaciones, ha afirmado el líder regional de IU, sigue extrañando el silencio, que no podemos calificar más que de cómplice, de todas las administraciones e instituciones afectadas.

Cuando un sector económico maximiza sus beneficios -con la complicidad, la connivencia o el silencio del poder político- explotando trabajadores y destrozando recursos naturales, estamos ante un problema de grandes dimensiones, ha sentenciado Alvárez-Castellanos.

El líder regional de IU ha pedido que en el curso de la actual investigación se cruce los datos y se coteje si hay vinculación de los beneficiados por la legalización exprés de las granjas ilegales lorquinas con esta nueva investigación del SEPRONA. También ha exigido que se investigue porqué Aguas de Lorca ha estado dando cobertura sobre la disponibilidad de un recurso cuando no se tienen ni competencias, ni recursos, ni infraestructuras para ello,

Álvarez Castellanos ha felicitado al SEPRONA por su labor y ha pedido un reforzamiento con más medios humanos tanto de este Servicio, como la Fiscalía de Medio Ambiente para que los procedimientos no se eternicen y acaben caducando o prescribiendo.

Por último, ambos líderes piden que:

1.- Que el Ayuntamiento y el resto de administraciones se pongan de inmediato a disposición de la Guardia Civil, prestando una colaboración seria, real y leal con el SEPRONA para el esclarecimiento total del robo de agua.

2.- Que se depuren responsabilidades a los jefes (políticos y empresariales) de “Aguas de Lorca” por justificar y garantizar suministros de agua desde una red pública sin tener para ello conducciones, ni tener tampoco competencias.

3.- Que se den a conocer a los grupos políticos que lo han pedido (y a los ciudadanos en general) el nombre de esas 30 explotaciones que quieren legalizar, en qué situación se encuentra ese procedimiento, y que se “crucen” los datos para ver qué implicaciones o qué relaciones pueden tener esos 30 empresarios con este macroepisodio de robo de agua.

4.- Que la CHS, de una vez por todas, haga peinados, con mucho más celo, de toda la cuenca e investigue y sancione con claridad el robo de agua en el territorio de la región.