El portavoz del GP VOX, Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado esta mañana que "desde el partido estamos ultimando una nueva ley del Mar Menor que realmente lo proteja y aporte las soluciones de regeneración y compatibilidad económica de todo su entorno".
La ley contendrá un capítulo específico que establecerá el completo régimen de saneamiento que deben seguir todos los municipios ribereños. Esto se aplicará tanto a los municipios nuevos como a los ya existentes. Además, la nueva ley incluirá un régimen sancionador para aquellas localidades que no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.
Por ello, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una moción en la Asamblea Regional, donde insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que realice una auditoría y emita informe sobre la situación de redes de saneamiento y emisarios en los municipios del Mar Menor.
Numerosos estudios e informes, como el del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, indican que la crisis ambiental de la laguna está provocada, por la histórica entrada de contaminantes (principalmente, nitratos, fosfatos, pero también metales procedentes de los arrastres de estériles de la minería) generados por diversas actividades, públicas y privadas, desarrolladas en su cuenca vertiente.
Martínez Alpañez, ha asegurado que "una recuperación del Mar Menor compatible con la actividad humana es imposible mientras las actuaciones correctoras pongan el foco de atención únicamente en una de las posibles causas de degradación de la laguna y se obvien las restantes".
Tal y como se recoge en el preámbulo de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, "el proceso de transformación económica, social y urbanística que ha afectado al Mar Menor en el último medio siglo (y aun antes, en el caso de la minería) ha supuesto multitud de impactos en el medio físico y natural y hace del Mar Menor un área necesitada de una especial protección".
Tampoco ha ayudado en estos años la mala planificación turística y urbanística del entorno de la laguna que ha soportado otro tipo de vertidos asociados al crecimiento urbano y la transformación del territorio, hasta tal punto que ha obligado a la Comunidad Autónoma al establecimiento de una moratoria urbanística.
Es importante resaltar el impacto del Real Decreto-ley 11/1995 y su desarrollo a través del Real Decreto 509/1996, que implementan normativas conforme a la Directiva 91/271/CEE. Este marco regula el tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas, garantizando su procesamiento antes del vertido. En términos generales, el cumplimiento se logra mediante inversiones en sistemas colectores para la recogida y conducción de aguas residuales, así como diversos tratamientos previos al vertido en aguas continentales o marítimas.
"Este tratamiento riguroso de las aguas residuales requiere, no sólo de depuradoras, sino también de una red de saneamiento bien mantenida y con capacidad suficiente para soportar los picos de presión exponencial que se producen durante los meses de verano debido a la multiplicación de la población en el entorno, impidiendo averías y vertidos al Mar Menor", ha destacado Martínez Alpañez.
A pesar de las inversiones significativas en infraestructuras de depuración en las áreas urbanas cercanas al Mar Menor en los últimos años, los vertidos persisten debido a limitaciones en la tecnología y la gestión del agua residual. Aunque se aplican diversos tratamientos, la calidad resultante nunca alcanza un nivel aceptable para considerar estos efluentes como aguas depuradas.
Además, el considera necesario que "la Asamblea Regional debe instar al Consejo de Gobierno a que realice una auditoría y emita informe sobre la situación de redes de saneamiento y emisarios en los municipios del Mar Menor".
