Para el sindicato no es suficiente un plan puntual y con un presupuesto coyuntural para incrementar ligeramente los refuerzos en Lengua y Matemáticas. Por ello propone una bajada de ratios asociada a las necesidades de aprendizaje en cada grupo, más red de orientación y más apoyos para la atención a la diversidad, así como que las inversiones del Gobierno tengan carácter finalista y que se legisle para asegurar también la inversión de las CC. AA.

En la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, reunida esta mañana, el presidente y la ministra se han hecho eco de la petición básica de CCOO, como que exista un control finalista de los fondos que se destinen a este programa, cuyo montante económico aún no está cerrado y que será "ambicioso", seguramente recogido en una partida presupuestaria.

Otro anuncio importante ha sido que este plan se extenderá al alumnado de Bachillerato y ciclos formativos de Grado Básico, a lo que CCOO ha pedido que se haga extensible también al alumnado de los ciclos formativos de Grado Medio, que es dónde se encuentra el mayor porcentaje de alumnado que engrosa el abandono escolar temprano.

CCOO ha recordado al presidente del Gobierno sus peticiones de bajada de ratios, la actualización del decreto de 2010 de requisitos mínimos de los centros, entre otras cuestiones, y la urgencia de negociar en las mesas sectoriales mejoras en las condiciones laborales del profesorado y una ley de estatuto docente.

El sindicato reafirma la idea de que el esfuerzo de mejora del sistema educativo debe ser estructural y compartido entre las diferentes administraciones, Gobierno y comunidades autónomas. El incremento de inversión y recursos asociado a un plan no es mala noticia, pero no es en absoluto suficiente. Desde CCOO se recuerda también que aquellas medidas que incidan en plantillas o condiciones laborales del profesorado deben pasar por la Mesa Sectorial docente y ser objeto de negociación.

Las propuestas básicas del sindicato en estos aspectos son muy claras y concretas:

Que todo el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje (necesidades especiales, dificultades de aprendizaje, desventaja social y/o compensación educativa, etc.) cuenten doble a efectos de ratio de los grupos en todas las etapas y enseñanzas. Es importante destacar que la educación pública escolariza en torno al 75% de este alumnado. Para esta medida, CCOO ha estimado, en su informe de inicio de curso, que se necesitan 34.717 docentes más, con un coste aproximado de 1.458 millones de euros.

Que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje también esté asociado a recursos especialistas adicionales en los centros, como lo está el de necesidades educativas especiales, en un ratio máximo de 12 estudiantes por cada docente especialista en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica. Para ello sería necesario un incremento de estos perfiles de 21.177 efectivos, con un coste aproximado de 889 millones de euros. En nuestra región, una primera actuación de urgencia en este sentido requiere aumentar las actuales 1.350 plazas de Pedagogía Terapéutica en alrededor de 300 plazas más. Las más de 800 plazas de Audición y Lenguaje actuales deberían verse incrementadas, de forma urgente en más de 200 nuevos cupos.

Incrementar el número de profesionales de la red de Orientación, en sus dos perfiles de Orientación y Servicios a la Comunidad, para una adecuada evaluación y seguimiento de cualquier necesidad o dificultad. Para ello hacen falta 10.026 profesionales adicionales, con un coste aproximado de 421 millones de euros. En la Región de Murcia, contando además con las necesidades de asesoramiento previstas para la FP Dual, las 450 plazas actuales de profesionales de la Orientación deben doblarse de manera inmediata, dadas las dificultades y la enorme carga de trabajo actual. En Servicios a la Comunidad, que añade jornadas de trabajo más extensas, de 230 plazas deberías llegar a 500 en un corto plazo.

Por supuesto, para asumir todos estos costes anuales, es necesario un claro incremento de inversión también de las comunidades autónomas, y el Gobierno debe legislar, como es su competencia, para asegurar estas medidas en todo el territorio. Hay que recordar que, aunque el Ministerio de Educación multiplicó por siete las transferencias a las CC. AA. entre 2017 y 2021, el 90% de la inversión educativa depende de los presupuestos de las autonomías (en 2017 era el 95%), pues tienen transferidas las competencias educativas y de gestión de personal.

Todo ello con el fin último de conseguir el éxito educativo de todo el alumnado, superando las disfunciones que presenta nuestro sistema, que se concretan en el excesivo fracaso y abandono escolar temprano, así como en unas muy altas tasas de repetición de curso en la educación obligatoria, y una Formación Profesional deficitaria.