Ecologistas en Acción señala que nos encontramos de nuevo con un episodio de intrusión natural de polvo sahariano, estos episodios de contaminación van a ser cada vez más frecuentes.

Proponen un mayor control por parte de Medio Ambiente de los niveles de contaminación, para evitar que se sumen a la intrusión de polvo del Sahara.

Demandan a la Consejería de Salud un Informe Regional sobre los impactos de la contaminación atmosférica en la salud pública.

La organización ambiental se ha dirigido a la Consejería de Salud y a la Dirección General de Medio Ambiente reclamando que tomen parte en el diseño de medidas que eviten los impactos sanitarios derivados del deterioro de la calidad del aire, además de apoyar las recomendaciones que se hacen llegar a la población desde la administración.

Estas son evitar la actividad física al aire libre, en especial a aquellas personas de riesgo (que padecen problemas respiratorios y presenten dificultades para respirar o malestar cardíaco), que deberán priorizar las salidas cortas y las que requieren menos esfuerzo, así como el uso de mascarillas.  

Hay que tener una especial atención a los grupos más vulnerables, como niños y adolescentes, que deben evitar las actividades físicas en el exterior de colegios e institutos; igualmente, hay que mantener un especial cuidado en los centros de salud con las personas con patologías broncopulmonares o cardiovasculares previas, y un monitoreo de la ciudadanía que realiza esfuerzos físicos intensos, por ocio o por trabajo, durante los episodios de contaminación atmosférica.  

Ecologistas consideran que es necesaria una mayor coordinación de la Consejería de Salud con las distintas concejalías de sanidad y de medio ambiente de los principales ayuntamientos de la región, y reclaman un Informe Regional sobre los impactos de la contaminación atmosférica en la salud pública.

Mantener los niveles de contaminantes bajos o muy bajos es garantía de lucha contra la contaminación, el cambio climático y supondrá una mejora de la salud ciudadana, así como un aumento del bienestar de la ciudadanía y una protección frente a las intrusiones de polvo sahariano, que inevitablemente serán cada vez más recurrentes.

En este aspecto, la Dirección General de Medio Ambiente tiene un papel fundamental para el control y la disminución de la contaminación por partículas y la contaminación atmosférica en general.

La legislación estatal sobre calidad del aire ha quedado obsoleta, las nuevas Directrices de Calidad del Aire 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen valores límite más estrictos de calidad del aire para los principales contaminantes atmosféricos.

Es necesario activar los protocolos anticontaminación en función de los valores límite diarios que establece la OMS para partículas (PM10, PM2.5) y dióxido de nitrógeno (NO2).

Las actuaciones de la administración regional deben dirigirse en un doble sentido: mantener niveles bajos de contaminación, para evitar que estos se sumen a las intrusiones de polvo sahariano (inevitable), y proteger a la población, poniendo especial atención a los grupos sociales más vulnerables y expuestos a ese deterioro de la calidad del aire.

Ecologistas en Acción vuelven a plantear que, en general, las principales vías de actuación para reducir el deterioro de la calidad del aire deben pasar por:

La reducción del tráfico motorizado en las ciudades, disminuyendo la necesidad de planes de movilidad con un urbanismo de proximidad.

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), la mejora significativa del transporte público y la disuasión del uso del vehículo privado, así como promover la movilidad activa peatonal y ciclista.

La necesaria reconversión ecológica del transporte interurbano desde la carretera a un ferrocarril convencional, mejorado y socialmente accesible, fomentando el ahorro y la eficiencia energética.

Una moratoria para la ganadería industrial intensiva, junto al exhaustivo control de las quemas agrícolas.

Otras vías de actuación para mejorar la calidad del aire son:

La recuperación de los estímulos para la generación eléctrica renovable, en sustitución de las centrales termoeléctricas a partir de combustibles fósiles, así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales (MTDs) disponibles para la reducción de las emisiones a la atmosfera y la contaminación difusa.

El fomento del autoconsumo de origen fotovoltaico en las administraciones y colectividades vecinales.

La disminución de las emisiones del transporte marítimo y la reducción del tráfico aéreo, aparejado con una fiscalidad a los combustibles fósiles que corrija el favorable tratamiento otorgado a estos medios de transporte, así como a los vehículos diésel.