Lo ha hecho en una Orden unilateral, sin negociación, y sin plantear opciones menos drásticas para el personal del servicio público de Justicia. Para CCOO, es urgente e imprescindible la regulación del teletrabajo de forma negociada y pactada, y así lo volvemos a exigir a la ministra.

El Ministerio de Justicia se ha despachado con una circular acabando con el teletrabajo de un día para otro, tras años en los que ha "usado" al personal de la Administración de Justicia para hacer frente a una pandemia excepcional y tras la cual ha sido incapaz de poner los mecanismos necesarios para normalizar el trabajo con las garantías pactadas con CCOO en marzo de 2021.

La pretendida justificación jurídica que utiliza el Ministerio en la circular que se adjunta ("por la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19") es absolutamente irrisoria teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas COVID. Desde entonces, CCOO ha estado exigiendo al Ministerio de Justicia la aplicación del acuerdo que, en marzo del año 2021, alcanzó con parte de los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial (entre ellos CCOO) quepermitía que se incorporara legalmente el teletrabajo para todo el personal de Justicia. Pero el Ministerio, con todo tipo de excusas y pretextos, se ha negado a aplicar ese acuerdo a pesar de haber tenido tiempo para ello.

Por el contrario, ha preferido una vez más acudir al dictado de una Orden unilateral, sin comunicarla previamente a su traslado a las y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y secretarías de Gobierno de los TSJ, y sin dar otras opciones menos drásticas para los intereses de la conciliación de la vida laboral y familiar de quienes tienen esta opción de trabajo y que, en un momento crucial fueron los primeros que dieron un paso al frente para seguir prestando el servicio público de la Justicia cuando la Administración se cerró a la ciudadanía.

El Ministerio de Llop ha dado al traste con los derechos laborales, con el acuerdo firmado en 2021 que regulaba con objetividad y transparencia un teletrabajo que se impuso de forma excepcional sin negociación alguna, pero que era necesario para seguir que esta Administración de Justicia siguiera siendo útil a la sociedad en un momento excepcional, con los millones invertidos en nuevos equipos informáticos portátiles para favorecer el teletrabajo, con esa imagen que pretende proyectar de Administración puntera e innovadora, con el acuerdo firmado en las Administraciones Públicas para una Administración del Siglo XXI…

Hace unos meses, CCOO ya reclamó nuevamente al Ministerio de Justicia la inmediata regulación del teletrabajo para que dejaran de producirse desigualdades arbitrarias en la concesión o denegación de autorizaciones, pues se estaban denegando de forma masiva las nuevas solicitudes de teletrabajo, sin que el Ministerio contestara a nuestra solicitud en ningún momento.

Si el Ministerio admite ahora la falta de cobertura legal, está reconociendo su más absoluta incompetencia y su negligencia, pues si ya se puso así de manifiesto por el Consejo de Estado hace unos años en el informe de la resolución pactada, tiempo ha tenido para resolver esta situación, adaptar el acuerdo negociado en 2021 a la fórmula jurídica adecuada y decretar una fórmula transitoria para pasar de una situación de teletrabajo "excepcional" a una situación de teletrabajo regulado, en vez de decretar su eliminación tajante, como ha hecho, un viernes a las tres de la tarde para aplicarlo el lunes siguiente.

La circular del Ministerio de Justicia demuestra la importancia de que todas las condiciones laborales estén reguladas y de forma pactada, porque sin esa regulación los derechos de los trabajadores y trabajadoras son solo un espejismo, quedando al albur de la arbitrariedad de la Administración o de las jefaturas de las oficinas que lo utilizan, en no pocos casos, como herramienta de presión y chantaje.

Para CCOO, es urgente e imprescindible la regulación negociada y pactada del teletrabajo, y así lo volvemos a exigir a la ministra de Justicia. Todo el personal de la Administración de Justicia debe poder acceder a esta modalidad si lo desea, y en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna, sin dejar recaer en los Lajsla decisión sobre qué personas teletrabajan. Además, la regulación debe reflejar que los derechos del personal en teletrabajo son idénticos a los de quienes trabajan de modo presencial.

En cualquier caso, desde CCOO demandamos al Ministerio que actúe con urgencia, como no lo ha hecho hasta ahora, y hasta que esta nueva regulación no esté en vigor, dé marcha atrás en esa circular y no elimine el teletrabajo en su ámbito territorial. Asimismo, exigimos que lo garantice en condiciones de igualdad para todo el personal, pues algunas de las comunidades autónomas transferidas -que también estarían obligadas por esta resolución- ya han anunciado que no la van a poner en práctica de forma tan inminente, y otras incluso tienen recientes acuerdos en sus ámbitos por los que prorrogaron el teletrabajo hasta mediados del 2024, lo que también provocaría una desigualdad entre el personal de la Administración de Justicia de todos los territorios.