La dirección regional de IU-Verdes, a través de su coordinador regional, José Luís Álvarez-Castellanos, ha pedido la dimisión del consejero en funciones, Antonio Luengo, por omitir los trámites de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental, que eran preceptivos en las solicitudes de ampliación de granjas porcinas, trámites que el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia reconoce en sus dictámenes que la Administración Regional no exigía en los procedimientos de cambio de orientación productiva.
"Contrariamente a lo expresado por el portavoz del gobierno regional, ha resaltado el coordinador regional de IU, no fue la administración regional la que veló por el cumplimiento de la legalidad en estos procedimientos, sino las alegaciones de un tercero en fase de exposición pública en un procedimiento de solicitud de ampliación de una macrogranja la que alertó de una práctica administrativa irregular que venía dándose de manera ordinaria, al menos desde 2008".
"Luengo debe explicar, en sede parlamentaria, a que obedecía que la administración ambiental no exigiera estos trámites, así como por qué, después de que los servicios jurídicos de la Consejería de Agricultura informaran de la irregularidad y dictaminaran la procedencia del inicio del procedimiento de revisión de oficio de la nulidad de las autorizaciones pertinentes, dichos expedientes de nulidad no se abrieran hasta casi dos años después llegando, incluso a dejarlos caducar a los seis meses sin haberlos concluido", ha señalado Álvarez-Castellanos. "La apertura de nuevos expedientes de nulidad meses más tarde han concluido en los dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que han puesto de manifiesto las presuntas irregularidades procedimentales de la Consejería de Agricultura en esta materia desde hace años habiéndose convertido en la manera de proceder habitual, lo que puede suponer un presunto delito de prevaricación administrativa".
Por otra parte, desde IU-Verdes denunciamos el desprecio del gobierno regional, en otro ámbito más, del deber de protección del medio ambiente y del derecho constitucional de la ciudadanía a disfrutar del mismo de manera adecuada. Una vez más priman los intereses económico-especulativos de grandes corporaciones de nuestra Región que marcan la agenda y proceder, incluso de manera presuntamente delictiva, de departamentos tan sensibles e importantes como Medio Ambiente.
