Se exige un pacto Nacional por la Justicia al margen de intereses partidistas y con aportaciones de todos los interesados.

Parece ser que a los Gobiernos no les interesa una Administración de Justicia fuerte

La actuación de los colectivos que paralizan la Administración de Justicia NO responde a un criterio de sensibilidad hacia el ciudadano ni a los profesionales, por mucho que se manifieste lo contrario

El actual Ministerio de Justicia parece absolutamente inoperante, porque no aporta soluciones de ninguna índole, y permite una situación de parálisis que no remedia ni con servicios mínimos, ni propiciando dialogo o acuerdos

La Administración de Justicia tiene tanta o más importancia en un estado social y de derecho como la economía, la sanidad o la educación.

Exigimos una solución inmediata que ponga fin a la huelga, que se controlen los servicios mínimos, que se preavise con 24 horas mínimo de la suspensión de actos y comparecencias

Es de todos conocido el estado en que se encuentra la Administración de Justicia en nuestra Región. Ante tal situación, el Colegio de la Abogacía de Murcia manifiesta que la situación de los profesionales del Derecho, en la actualidad, es prácticamente desesperada: los abogados viven un momento límite profesionalmente, y a ésto se une a la indefensión de los ciudadanos y el desprestigio de la Justicia.

Ni el ciudadano logra que los poderes públicos le garanticen la tutela judicial efectiva, ni los profesionales pueden ganarse la vida ejerciendo su trabajo.

Arrastre de males

El retraso que veníamos arrastrando de mucho tiempo hasta la actualidad basado en la gran litigiosidad, falta de recursos, dejación por parte de la propia Administración…, con la pandemia de la Covid-19, la situación se agudizó y ha alcanzado el grado de situación insostenible que en la actualidad estamos padeciendo como consecuencia, primero de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, seguida de la huelga de los funcionarios, la anunciada huelga de los Jueces, y la absoluta falta de acción y de medidas que resuelvan estas situaciones por parte de la Administración, del Gobierno.

Si ya como decimos la situación era muy difícil antes de las mencionadas huelgas, éstas han venido a colmatar la situación, de tal manera, que ni el ciudadano logra que los poderes públicos le garanticen la tutela judicial efectiva, ni los profesionales podamos simplemente ganarnos la vida ejerciendo nuestro trabajo.

Desde esta especie de tormenta perfecta, y de circunstancias que se han acumulado, es evidente que podríamos señalar culpables, empezando por una Administración Pública, Gobiernos de distintos partidos que no han sido capaces de lograr lo que la Abogacía ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo, que es un Pacto Nacional por la Justicia al margen de intereses partidistas y con aportaciones de todos los interesados. Parece ser que a los Gobiernos no les interesa una Administración de Justicia fuerte, porque a nadie se le oculta que si Justicia contase con los mismos medios que el Ministerio de Hacienda, la situación actual no se hubiera producido.

De otra parte, también queremos señalar que desde nuestro punto de vista, la actuación de los colectivos que están propiciando que desde Febrero de este año la Administración de Justicia esté casi totalmente paralizada, no responde a un criterio de sensibilidad hacia el ciudadano ni a los profesionales, por mucho que se nos manifieste lo contrario.

Ministerio inoperante

Por último, el actual Ministerio de Justicia nos parece absolutamente inoperante, porque no aporta soluciones de ninguna índole, y permite una situación de parálisis que no remedia ni con servicios mínimos, ni propiciando dialogo o acuerdos. Parece evidente con la situación actual que cualquiera hubiese previsto la huelga de los funcionarios tras los Letrados de la Administración de Justicia. Cualquiera menos el Ministerio.

Situación desesperada

La situación de la Abogacía en la actualidad, es prácticamente desesperada.

Y hablamos no solo de la situación económica que se deriva de la inactividad profesional, y por tanto de la falta de recursos, que está llevando a muchos compañeros a situaciones límite, sino también a la angustia que supone no poder defender a los ciudadanos en sus reivindicaciones y asistir el enorme desprestigio que la Justicia en su conjunta está sufriendo. Porque nos atrevemos a decir que la Administración de Justicia tiene tanta o más importancia en un estado social y de derecho, como la economía, la sanidad…

Negociación

Ante este estado de cosas, el Colegio de la Abogacía de Murcia y el Consejo General de la Abogacía y el resto de los Colegios, estamos realizando cuantas gestiones están en nuestras manos para intentar desbloquear la situación, aunque institucionalmente poco más podemos hacer, porque no somos parte negociadora, más que seguir con estas gestiones y exponer ante la opinión pública y clase política la realidad de los hechos.

Como se hizo en su momento con la representaciones sindicales de los Letrados de la Administración de Justicia, nos hemos reunido con los representantes de los sindicados de los funcionarios del sector Justicia de la Región de Murcia, en concreto CC.OO., UGT, CSIF y STAJ, el pasado día 12 de Junio, con quiénes hemos pactado las sucesivas reuniones periódicas y estamos a la espera de una remisión de escrito de sus completas peticiones, que a fecha actual aún no se nos ha trasladado.

Huelga y derecho a la tutela judicial efectiva

En esta reunión se les explicó claramente cuál es la postura de la Abogacía Murciana, y la situación que anteriormente hemos expuesto, y una serie de particulares más que a continuación desarrollaremos.

La Abogacía muestra su respecto al derecho huelga de funcionarios de Justicia, que ampara la reclamación de mejoras salariales y el reconocimiento de las funciones que se realizan por los funcionarios en huelga. No obstante, desde la Abogacía también se reclama soluciones que salvaguarden el derecho a la tutela judicial efectiva, y el necesario restablecimiento del trato que los letrados debemos tener en los Tribunales y oficinas judiciales.

Reunión con los políticos ante las elecciones

Queremos también hacer constar que desde el Colegio, y una vez celebradas las elecciones autonómicas, y ante las próximas generales, se ha solicitado una reunión con los candidatos a Congreso y Senado en nuestra Región, para trasladarles la existencia de estos problemas, y tratar con ellos de las posibles soluciones.

Reivindicaciones

Existen además otros problemas que deben ser tratados y resueltos por la Administración de Justicia y por otros estamentos públicos, referidos a la precaria situación del Turno de Oficio y algunas reivindicaciones sobre prestaciones de jubilación y otras, que tampoco pueden ser olvidadas.

En conclusión, el Colegio de la Abogacía de Murcia entiende que es un hecho notorio los graves perjuicios que sufren los ciudadanos por la paralización de sus procedimientos prácticamente desde el mes de Enero-Febrero de 2023, suspensión de procedimientos de toda índole, familia, laborales, civiles, penales, etc., con terribles repercusiones económicas y en la salud física y psíquica de muchos de ellos.

Situación inasumible

Pero además es incalculable el perjuicio que los profesionales de la Abogacía están sufriendo, que han visto cercenados radicalmente sus posibilidades de ejercer su trabajo y sus ingresos, siendo inasumible esta situación que debe resolverse de forma inmediata.

Por ello y en su consecuencia:

SOLICITAMOS Y EXIGIMOS, como se hizo en situaciones anteriores, que las partes en conflicto se reúnan de forma urgente y alcancen una solución que ponga fin inmediato de la huelga.

SOLICITAMOS Y EXIGIMOS que se informe sobre el control de la huelga de los funcionarios, asistencia al trabajo y consecuencias en sus retribuciones concretas, servicios mínimos y determinaciones que el Ministerio de Justicia o los órganos que correspondan, estén adoptando para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

SOLICITAMOS Y EXIGIMOS en todo caso que se preavise a las partes y a los profesionales intervinientes, con 24 horas de antelación mínima, de cada uno de los actos y comparecencias que se vayan a suspender. Los perjuicios de hacer acudir a las sedes judiciales a peritos, testigos, partes y a los profesionales de la abogacía, para que se encuentren día tras día con la suspensión de vistas y actos procesales son incalculables y absolutamente injustificados.

Finalmente, SOLICITAMOS Y EXIGIMOS que se permita el libre acceso a los profesionales de la Abogacía a las oficinas de los Juzgados y Tribunales para poder realizar su trabajo, estando igualmente injustificado que se mantengan restricciones con base a una situación de alarma que ha sido superada en todos los sectores excepto en la Administración de Justicia.

Esperamos y necesitamos que estas peticiones sean escuchadas y atendidas.