Álvarez-Castellanos: "Necesitamos un acuerdo entre los ayuntamientos y la CARM para construir 4.000 viviendas públicas"

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El acuerdo conllevaría la cesión de suelo público por parte de los ayuntamientos murcianos y la movilización de 300 millones de euros en cuatro años por parte de la Comunidad Autónoma.

El coordinador regional de IU-Verdes y candidato a las elecciones autonómicas por la coalición Podemos, IU-Verdes, Alianza Verde, ha entrado en el debate sobre la necesidad de abaratar y posibilitar el acceso a la vivienda en la Región de Murcia y lo ha hecho con una propuesta que tiene como objetivo la creación de 4.000 viviendas públicas durante la próxima legislatura.

Para Álvarez-Castellanos, la vivienda es un derecho de primer orden que no se puede dejar exclusivamente en manos del mercado y de los especuladores, en este sentido ha apostado por "una intervención combinada entre las administraciones locales y regional" para, de una parte construir un parque público de viviendas y, de otra y como consecuencia de la primera, abaratar los precios del mercado.

La iniciativa del candidato a diputado regional se asienta, de una parte, sobre la cesión por parte de los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, aquellos en los que la vivienda tiene un precio más elevado, de miles de metros cuadrados del suelo público que tienen en propiedad a la Comunidad Autónoma de Murcia y el cambio de sistema de compensación por el de cooperación en los municipios con suelo urbano privado inmovilizado.

De otra, en la movilización de 300 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma en los próximos cuatro ejercicios presupuestarios para construir esas 4.000 viviendas, cuya construcción se licitaría a las empresas constructoras con unos pliegos de condiciones en los que se imposibilitara la subrogación de los contratos, se puntuara la calidad de los materiales y se premiara las condiciones laborales de los trabajadores.

Álvarez-Castellanos, ha concluido precisando que esas 4.000 viviendas, una parte de ellas en régimen de alquiler y la otra de propiedad, obligarán a los grandes tenederos de vivienda vacía y a los especuladores a bajar el precio de mercado, pero sobre todo a posibilitar una opción habitacional a los jóvenes de la región.

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