Se reúne con el presidente de los regantes, Lucas Jiménez, con el catedrático Joaquín Melgarejo y con el director del Instituto EuroMediterráneo del Agua, Paco Cabezas, y recuerda que la cautelar "es necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir"

La Comunidad ha adjuntado a la solicitud una memoria con diez anexos "que representan los trabajos técnicos de los expertos", y que son "los argumentos de toda una Región atacada hoy de manera injustificada"

El catedrático Melgarejo subraya que el recorte supondrá la reducción del 15,6 por ciento de la superficie de regadío, pérdidas de casi 5.700 millones de euros y la destrucción de 15.300 empleos

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, alertó hoy de que de no producirse la suspensión cautelar del recorte del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habrá "un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren". Además, resaltó que esa cautelar "es necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir", ya que el recorte "nos condena a la ruina" y "afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura".

López Miras se reunió en el Palacio de San Esteban con el presidente de los regantes del trasvase, Lucas Jiménez, con el catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, y con el director del Instituto EuroMediterráneo del Agua, Paco Cabezas. Tras ese encuentro "para avanzar en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, de Alicante, de Almería y de todo el Levante español", el jefe del Ejecutivo regional ofreció más detalles sobre la petición de cautelar formulada mientras el Tribunal Supremo estudia el recurso en defensa del Tajo-Segura.

Así, el presidente señaló que la Comunidad ha solicitado la suspensión cautelar del nuevo régimen de caudales ecológicos "porque no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia". En este sentido, recordó que el recurso contra el Supremo busca "corregiruna decisión oportunistay sectaria que carece de cualquier rigor técnico", y puso de relieve que "cuanto más se estudia el Decreto que recorta el trasvase más nos queda claro que detrás solo hay motivos políticos".

Para respaldar su solicitud de medidas cautelares, el Gobierno regional ha adjuntado una memoria con diez anexos que representan los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.

"Confío en que se tengan en cuenta nuestros planteamientos, que son mucho más que los de un Gobierno, y que van más allá incluso de los que defienden con toda la razón los regantes: son los argumentos de toda una Región que es hoy atacada de manera injustificada", afirmó López Miras. Además, el presidente se comprometió a que "seguiremos actuando de manera coordinada, hombro con hombro, con una sola voz, en defensa del trasvase". El objetivo es "que la Justicia escuche la voz de los murcianos", para lo cual "agotaremos todas las vías".

Consecuencias a nivel socioeconómico

El catedrático Melgarejo subrayó en su intervención que la merma de caudales trasvasados que ha decretado el Gobierno de España supondrá la falta de garantías para el regadío en la cuenca del Segura, plasmada en datos como la reducción del 15,6 por ciento de la superficie de regadío, pérdidas de casi 5.700 millones de euros y la destrucción de 15.300 empleos.

Para la Región de Murcia, y según el catedrático, el incremento de cada metro cúbico por segundo de los caudales ecológicos del Tajo supondrá para el regadío pérdidas económicas de 149 millones de euros al año, y 1.815 empleos menos. En cuanto a los efectos sobre el conjunto de sectores económicos, cada subida de metro cúbico por segundo significaría la pérdida de 3.669 empleos.

También habría efectos sobre el abastecimiento, especialmente en la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Concretamente, según Melgarejo se produciría una subida de tarifa de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros por metro cúbico, como consecuencia del incremento del agua desalinizada.

Establecimiento de una conclusión y construcción de un relato

El análisis exhaustivo del Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, criticó López Miras, "delata innumerables errores técnicos". Así, puso como ejemplo que "atribuye al Tajo volúmenes de agua que no le corresponden y cálculos inexactos, siempre con una única finalidad: responsabilizar de cualquier problema al trasvase, porque su eliminación es el único objetivo con el que se realizó ese Decreto".

Para López Miras "se trata de un caso claro en el que se establece una conclusión con una evidente finalidad política, y a partir de ahí se construye un relato". Sin embargo, mostró su confianza "en que todo quede resuelto de manera favorable para la Región de Murcia, que es tanto como decir que quede resuelto de manera favorable para España, porque el Tajo-Segura beneficia a toda España".

En su recurso, el Gobierno regional plantea "que no se ha probado que el estado de las masas de agua del Tajo, en el tramo de afección al trasvase, sea malo desde el punto de vista medioambiental, ni que el incremento de los caudales mínimos asegure un mejor estado ecológico", informó López Miras.

Desde un punto de vista científico, el aumento del caudal circulante resulta "irrelevante" para el medio ambiente, según el presidente. Sin embargo, ese incremento se traduce "en importantes pérdidas y una reducción relevante de disponibilidades para la cuenca del Segura", que es lo que el Ejecutivo autonómico busca evitar.