SATSE pone ahora el foco en el Congreso de los Diputados y pide a los partidos que registren iniciativas parlamentarias con el objetivo de que el Gobierno modifique el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para suprimir la actual división del Grupo A en los subgrupos A1 y A2, y que se establezca un solo Grupo, el Grupo A.

El hecho de que las enfermeras y fisioterapeutas permanezcan en el subgrupo A2, dentro del Grupo A, afecta muy negativamente a su desarrollo y avance profesional, ya que supone una "barrera infranqueable" a la hora de querer acceder a puestos relacionados con la gestión y dirección de alto nivel, como las gerencias de centros sanitarios, o a grupos de investigación y docencia

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a todos los partidos políticos que presenten en el Congreso de los Diputados las iniciativas parlamentarias oportunas para instar al Gobierno a que acabe con la grave discriminación que sufren las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, al pertenecer al subgrupo A2 de clasificación profesional, y que se incluyan en un Grupo A, sin subgrupos.

Después de dirigirse por carta al Gobierno, al Defensor del Pueblo y a los ejecutivos autonómicos, SATSE pone ahora el foco en el Congreso de los Diputados y pide a los partidos políticos que registren en la Cámara Baja iniciativas, como proposiciones no de Ley, interpelaciones, preguntas orales y por escrito… con el objetivo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cambie el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para suprimir la actual división del Grupo A en los subgrupos A1 y A2, y que se establezca un solo Grupo, el Grupo A.

El hecho de que las enfermeras y fisioterapeutas permanezcan en el subgrupo de clasificación profesional A2, dentro del Grupo A, afecta muy negativamente a su desarrollo y avance profesional, ya que supone una "barrera infranqueable" a la hora de querer acceder a puestos relacionados con la gestión y dirección de alto nivel, como las gerencias de áreas y centros sanitarios, por ejemplo, o a grupos de investigación y docencia, explican desde SATSE.

Una injustificable realidad, recalca SATSE, que, paradójicamente, no afecta a otros profesionales sanitarios y trabajadores de la administración pública que también son titulados universitarios de Grado y tienen 240 créditos ECTS, al igual que las enfermeras y fisioterapeutas, pero que sí están incluidos en el subgrupo A1, caso de los físicos, biólogos, psicólogos, economistas, abogados y periodistas.

Al respecto, el Sindicato de Enfermería recuerda que, tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, se extinguieron en España los planes de estudios de licenciatura y diplomatura, y, desde ese momento, todos los titulados universitarios obtienen un título de Grado. Entre ellos, se incluyen las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, con los mismos créditos ECTS (240) que la mayoría de titulaciones universitarias.

"Se trata de una evidente agresión a la dignidad profesional de las enfermeras y fisioterapeutas que se mantiene desde hace más de 15 años y ante la que todos los gobiernos y partidos, de uno u otro signo político, no han movido ni un solo dedo, generando una situación de conflicto y fractura entre los distintos colectivos profesionales", añade la organización sindical.

Por ello, y antes de que finalice la actual legislatura, SATSE exige a los partidos que representan la voluntad popular en el Congreso de los Diputados que no se mantengan cómplices de una realidad "injusta y anacrónica" que perjudica a 400.000 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país. "Profesionales sanitarios a los que hace meses vanagloriaban y trasladaban todo su apoyo y reconocimiento, y que ahora han dejado de importarles, porque deben pensar que ya no da votos", agrega.

Por último, el Sindicato subraya que posibilitar el avance profesional que se merecen las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas supone, en definitiva, una mejora del funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto y, con ello, de la atención y cuidados que se prestan a los pacientes y a la ciudadanía en el conjunto del Estado, en total, más de 47 millones de personas.