La Comunidad trasladó ayer al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 una serie de observaciones y advertencias a la nueva Ley de Familias, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 20 de diciembre por el Consejo de Ministros, ya que presenta "importantes deficiencias, invadiendo competencias autonómicas y sin contar con un plan de financiación", tal y como denunció la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco.

La titular de Familia explicó que el anteproyecto "ha sido redactado por el Ministerio de Ione Belarra sin contar, una vez más, con las aportaciones de las comunidades autónomas". Esta falta de diálogo ha provocado que la ley adolezca de claridad en muchos aspectos. Por ejemplo, "no quedan bien definidas las competencias, ya que habla de administraciones públicas, pero no se determina si se refiere a competencias estatales, regionales o locales", indicó la consejera.

Una falta de definición que además, y tal y como se advierte ya también desde otras autonomías, "invadiría competencias autonómicas, entrando en confrontación con normas regionales sobre asuntos tan delicados como la atención a familias y menores en situación de violencia de género, educación, empleo, salud o vivienda, entre otros".

Otro de los problemas que presenta la nueva ley es que "nos encontramos con que tampoco está definida la financiación, como ya ha sucedido en otras ocasiones con este Ministerio", apuntó Franco, quien añadió que "la ley parece que quedará supeditada así al presupuesto de las comunidades autónomas, sin que se contemple nueva financiación". Una vez más "nos encontramos con un invito yo pero pagas tú de este gobierno", remarcó.

El texto de la ley elimina, asimismo, el término de familias numerosas. "El Ministerio de Belarra está más preocupado en suprimir una denominación que en buscar el diálogo y, lo más importante, la financiación para los nuevos servicios que se tengan que prestar", indicó Isabel Franco, quien se pregunta "¿cuál es entonces el concepto de sociedad avanzada que tiene este Gobierno que evita el debate y la puesta en común de los diferentes puntos de vista?".

En las observaciones del Gobierno murciano al anteproyecto se recoge que "la ley también puede aplicarse a las personas que vivan solas", y advierte que "no resulta precisamente clarificador que en una ley de familias se incluya a personas que vivan solas, por lo que sería conveniente explicar en qué casos y circunstancias una persona se puede equiparar a una familia".

La presentación de estas alegaciones se hizo vía correo electrónico ya que, una vez más, fue la fórmula elegida por el citado Ministerio para celebrar en esta ocasión el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, convocado para tratar este asunto.

Ante esta situación, la consejera Isabel Franco volvió a exigir, una vez más, que estas reuniones se realicen de manera presencial con el fin "no sólo defender mejor las consideraciones sobre las diferentes leyes y proyectos, sino también poder poner en común las alegaciones y observaciones con el resto de comunidades autónomas, exponiendo nuestro parecer de forma presencial o, en el peor de los casos, por videoconferencia".

"Nos encontramos, por tanto, ante una ley en la que no se nos ha dejado participar para su desarrollo y que, otra vez más, siembra dudas en su sistema de financiación, sobre competencias y también en los conceptos que plantea", resumió Isabel Franco, quien finalizó recordando que "se trata de otra imposición más de la ministra Ione Belarra, totalmente alejada del debate político e ideas, lo que denota una absoluta falta de compromiso con la lealtad institucional y la democracia".