Ciudadanos enmienda en el Congreso la transposición a la Directiva Europea de Transparencia para evitar el secuestro de los Consejos autonómicos por parte de los gobiernos regionales como ocurre en la Región de Murcia

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Ciudadanos enmienda en el Congreso la transposición a la Directiva Europea de Transparencia para evitar el secuestro de los Consejos autonómicos por parte de los gobiernos regionales como ocurre en la Región de Murcia

El partido liberal introduce la necesaria coordinación de los gobiernos autonómicos y nacional en materia de Transparencia para la defensa del denunciante, y que se permita actuar al Consejo de Transparencia Estatal directamente. El propio Consejo de Transparencia Autonómico podría ser el denunciante tras ser atacado por el gobierno regional de turno, y también podría con esta enmienda defenderse en los tribunales de estos ataques.

La Eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha revelado hoy en una reunión con afiliados y simpatizantes en Murcia que el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal ha presentado en el Congreso una enmienda a la transposición a la Directiva Europea de Protección a los Denunciantes para evitar el secuestro de los Consejos autonómicos de Transparencia por parte de los gobiernos regionales como ocurre en la Región de Murcia. A la reunión ha asistido también el vocal del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) José L. Sánchez, que aprovechando la visita de la Eurodiputada a Murcia le ha transmitido de primera mano la caótica situación del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

El partido liberal ha introducido una necesaria coordinación de los gobiernos autonómicos y nacional en materia de Transparencia para la defensa del denunciante, que indican podría ser el propio Consejo Autonómico sobre ataques del gobierno regional de turno con intención de tomar el control del organismo independiente, y que se permita actuar al Consejo Estatal directamente.

"Tanto el gobierno regional como el gobierno nacional no están dando prioridad a las normas de transparencia y buen gobierno, y eso es un déficit del Estado de Derecho. España se ha retrasado en la aplicación de varias directivas decisivas para depurar el ejercicio de gobierno para el interés público, hasta el punto que todavía estamos en medio de la tramitación parlamentaria, cuando ya debería ser de aplicación. Ello nos ha valido una amonestación de la Comisión Europea, que sigue atenta a lo que está pasando en nuestro territorio. Lo que pasa en Murcia es un ejemplo de mala práctica", señaló Pagaza.

"Proponemos otorgar también a la Autoridad Independiente de Protección nacional además de a las autonómicas la posibilidad de dirigir requerimientos para que cesen las represalias contra denunciantes, que podrían ser los propios Consejos de Transparencia, como está ocurriendo en la Región de Murcia, que denuncian acoso e intentos de toma de control por parte del gobierno autonómico del PP. A ello unimos la legitimación de estos órganos para accionar por estas causas ante la jurisdicción competente, lo que claramente refuerza su independencia antes estos antidemocráticos ataques", ha declarado María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia.

"Lo que López Miras está haciendo con el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia que impulsó Ciudadanos es de vergüenza, y demuestra que quieren tapar todo lo que hacen. Todo empezó cuando el CTRM pidió la lista VIP de cargos del PP vacunados irregularmente, algo que no conocemos aún y que López Miras debe desvelar si quiere presentarse a unas elecciones sin trazo de corrupción. Con estos cambios en la Ley de Transparencia nacional podemos dotar de Personalidad Jurídica Propia también al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que así podrá defenderse de los ataques del PP", ha añadido María José Ros.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante y las autoridades autonómicas correspondientes podrán dirigir requerimientos a cualquier persona para que cesen las actuaciones que puedan ser calificadas de represalias. Asimismo, legitimaremos a estos entes para que tengan la posibilidad de accionar como autoridad independiente de protección del informante ante la jurisdicción correspondiente para conseguir, como medida cautelar, un cese inmediato de la represalia.

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