«Otorgar Derechos a la Naturaleza supone una revisión crítica y radical del humanismo occidental al rechazar la supremacía de la persona humana», con estas palabras, el senador de VOX por Murcia, José Manuel Marín, denunciaba hoy en el Pleno del Senado, el «disparate jurídico» que supone la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.

El senador ha defendido que se defienda la naturaleza, «por su propia finalidad de mantener la vida», pero ha matizado: «No podemos otorgarle derechos, porque los ecosistemas y las especies animales y vegetalismo pueden ser considerados ni como agentes morales ni como sujetos de derechos, dado que no son capaces de actuar de manera recíproca, es decir, no pueden asumir deberes».

Por ello, ha puesto de manifiesto algunos de los «errores o imprecisiones, que a tenor de los letrados del Senado son importantes». En primer lugar, se ha referido al artículo 3: «Respecto al Comité de Representantes, adolece este punto de indicación del tiempo de duración de mandato y de la forma de elección de los ciudadanos una vez que fuese necesaria la renovación». En cuanto a la Comisión de Seguimiento, «no se indica en qué número máximo estarán estos sectores representados ni el criterio de representatividad que va a seguirse, y adolecer de inconcreción en la forma de elección podría conllevar retrasos inconvenientes». Y respecto a la Disposición derogatoria única, ha pedido que se tenga en cuenta el criterio 41 de de las Directrices de Técnica Normativa que establece que se evitarán las cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente.

Pero, además, la Proposición de Ley, ha advertido Marín, «no contempla si las medidas conservadoras, restauradoras o reparadoras que unos u otros puedan proponer, deben estar amparadas por una Ley para devolver sus condiciones naturales a un ecosistema natural», sino que contiene algo «enormemente más profundo y trascendente, como que el dominio civil deba someterse a la ecología».

En definitiva, se traduce en una Ley específica que otorga al Mar Menor y su cuenca dos capacidades, la jurídica -derechos propios-, y la de obrar- libertad para fijar actuaciones y reclamar recursos financieros-, que se ejercerían a través de un Defensor del Mar Menor, que ostentaría la representación y la gobernanza de este ecosistema.

El senador ha denunciado «los graves dan~os ecolo´gicos que ha sufrido, y sigue sufriendo este espacio natural», y que «se deben a la falta de aplicación y cumplimiento de las normas por las distintas administraciones implicadas: municipal, regional y nacional, siendo el Gobierno de Espan~a, el que tiene la mayori´a de las competencias para recuperar el Mar Menor».

El senador Marín ha denunciado que las administraciones «no han hecho nada porque «si se hubiera aplicado la legislación vigente, nada de esto hubiera sucedido» puesto que, tal y como ha recordado, «ya existen figuras de protección, tanto internacional como nacionales, y legislación que protege el Mar Menor».. «Lo que hay que hacer es cumplir con todo ello, no crear nuevos entes, pues ocurrirá lo mismo, no se aplicaría».