Las ONGs se adentran en las aguas territoriales de terceros países para, en colaboración con las mafias, recoger embarcaciones próximas a la costa y remolcarles hasta España. Es lo que el senador de VOX José Manuel Marín ha reprochado hoy al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Una cuestión que llega después de que un trabajador de la polémica ONG Open Arms reconociera recientemente que navegan hasta las costas libias para recoger a los ilegales y que, gracias a ese servicio, las mafias ganan grandes sumas de dinero.

Una situación ante la que, ha advertido Marín al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «es imperativo actuar» para frenar «esta actividad de remolcadores de las mafias», que «favorece la esclavitud y la trata de seres humanos, así como el terrorismo y la seguridad de los europeos». Así, ha recordado al ministro del Interior que aunque sean inmigrantes ilegales embarcados deliberadamente en embarcaciones neumáticas, con el propósito de convertirlos en náufragos impostados, ello «no modifica la obligación jurídica de salvamento de todos los buques que los encuentren». Por ello, «en este punto la fiscalía no debe ignorar que podríamos encontrarnos ante un presunto caso de fraude de Ley».

También ha preguntado a Grande-Marlaska que, «ante las distintas evidencias y las diversas irregularidades, en torno a estas ONGs, ¿cómo es posible que sigan navegando con total impunidad para servicio de señores de la guerra, que, entre otros menesteres, se dedican a traficar con personas?».

En definitiva, «se ha creado, con total deliberación, una situación concreta, bajo el amparo de una determinada Ley -la Ley de salvamento- para, a través de ella, burlar la aplicación de la que en puridad corresponde a esa situación concreta -la de inmigración». «Podríamos estar ante la consecución de un resultado prohibido en Derecho Público, a través de la creación de náufragos impostados», ha advertido.

Para concluir, ha vuelto a solicitar al ministro del Interior que investigue el trabajo que realizan estas ONGs para que se aplique la ley, así como que suspenda, de forma cautelar, las subvenciones que reciben para la búsqueda y rescate de inmigrantes ilegales, «hasta que se esclarezca su colaboración con las mafias, o se establezca un plan de acción efectivo, que acabe con su modelo de negocio».