Un vecino de Alicante denunció ante la Guardia Civil la existencia de 13 caballos muertos, en avanzado estado de descomposición, conviviendo con otros 35 vivos, en lamentables condiciones

Pese a que la explotación tenía censados a 71 equinos, el propietario no pudo acreditar el paradero de 19 de ellos

El SEPRONA de la Benemérita ha contado con la colaboración de la Oficina Comarcal Ganadera de Murcia

La Guardia Civil de la Región de Murcia, gracias a la colaboración ciudadana, ha desarrollado la operación 'Bucéfalo', una investigación dirigida a esclarecer las condiciones de vida de numerosos equinos en una explotación ubicada en la pedanía murciana de Monteagudo que se ha saldado con la investigación de su propietario como presunto autor de delito de maltrato animal.

En la finca convivían 35 caballos, burros y ponis en pésimas condiciones, junto a los restos cadavéricos de otros 13 equinos.

La investigación se inició cuando un vecino de Alicante denunció ante la Guardia Civil las deplorables condiciones higiénico-sanitarias de una explotación equina, ubicada en la pedanía murciana de Monteagudo, donde, al parecer convivían animales vivos con restos de otros muertos.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en colaboración con veterinarios de la Oficina Comarcal Ganadera de Murcia, llevaron a cabo una visita de inspección.

En las instalaciones de la finca, los agentes hallaron un total de 35 equinos, entre caballos, burros y ponis, que convivían con los restos cadavéricos de otros 13 equinos en avanzado estado de descomposición, con el consiguiente riesgo para la salud de los animales vivos, así como para la salud humana, al hallarse el recinto en una zona urbana con viviendas próximas.

La investigación continuó con la lectura de los microchips individuales y de su cotejo con los correspondientes pasaportes, lo que permitió averiguar que la finca tenía censados un total de 71 equinos, de los cuales, 19, se hallaban en paradero desconocido, no pudiendo aportar su propietario documentación alguna que acreditase su muerte, venta o traslado a otra finca.

El resultado de la investigación puso de manifiesto evidentes negligencias en la atención y el cuidado de los animales, ya que carecían de las condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación adecuadas, basando su sustento en restos de lechugas, lo que podría haberles causado desnutrición y graves problemas intestinales.

Además, los agentes conocieron que tampoco se gestionaba la eliminación de los cadáveres, por lo que veterinarios de la OCA de Murcia levantaron las correspondientes actas y ordenaron al propietario proceder de forma inmediata a la retirada de los animales muertos a través de una empresa de gestión autorizada.

El SEPRONA ha culminado la operación 'Bucéfalo' con la instrucción de diligencias como investigado al propietario de la explotación equina, como presunto autor delito de maltrato animal, al no haber podido acreditar la correspondiente atención veterinaria para garantizar la supervivencia de los equinos, poniendo en peligro la salud del resto de animales vivos.

Maltrato animal

El vigente Código Penal, en su artículo 337, cita que será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Además, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, recoge una serie de infracciones en cuanto a negligencias por la ausencia de atención veterinaria, actualización del censo, comunicación de la muerte de los animales a las correspondientes autoridades, así como la eliminación de los restos mediante gestores autorizados, con sanciones económicas que oscilan entre los 60.001 euros y 1.200.000 euros.