El estudio de SATSE refleja también los tiempos máximos de espera para ser atendido por un fisioterapeuta, resultando que las autonomías donde la situación es peor son Canarias, con más de 15 meses de espera; Cantabria, con más de 8 meses; Galicia, con más de siete meses, y Andalucía, con más de seis meses. La media es de cerca de cinco meses y en la Región, de 90 días.

SATSE reclama a la consejería de Salud un incremento sustancial de los ámbitos de actuación en los que los fisioterapeutas pueden y deben prestar los cuidados propios de su profesión, tanto en los hospitales como los centros de salud y en los centros sociosanitarios.

Un total de 543 personas en la Región de Murcia se encuentran esperando a ser atendidos por una fisioterapeuta en los hospitales de la sanidad pública, según un estudio realizado por el Sindicato de Enfermería, SATSE, que constata la falta de plantillas suficientes para poder atender de forma rápida y ágil al conjunto de la ciudadanía.

SATSE, que viene denunciando desde hace años la falta de información sobre la repercusión de la falta de suficientes fisioterapeutas en la sanidad pública, ha realizado un estudio recopilando información de hospitales de las diferentes comunidades autónomas donde hay significativas listas de espera para ser atendido por estos profesionales sanitarios.

El estudio, que no ha podido recoger datos de Extremadura, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, concluye que en el resto del Estado hay un total de 43.639 personas que se encuentran a la espera de poder ser atendidos por los profesionales de Fisioterapia.

Otro aspecto analizado por el estudio de la organización sindical es el tiempo máximo de espera para ser atendido por un profesional de Fisioterapia en la sanidad pública, resultando que las autonomías donde la situación es peor son Canarias, con más de 15 meses de espera (469 días); Cantabria, con más de 8 meses (261 días); Galicia, con más de siete meses (227 días), y Andalucía, con más de seis meses (197 días). La media del conjunto de comunidades autónomas analizadas es de cerca de cinco meses (152 días). En La Región, la media es 90 días.

A tenor de estos datos, el Sindicato de Enfermería reitera la urgente necesidad de que el conjunto de los servicios autonómicos de salud aumente sus plantillas de fisioterapeutas, convocando un mayor número de plazas para estos profesionales sanitarios en sus respectivas ofertas públicas de empleo.

"Las diferentes administraciones sanitarias siguen sin apostar por unos profesionales sanitarios muy necesarios en la actualidad, y que lo serán aún más en el futuro, dado el cada vez mayor número de personas de edad avanzada, el ritmo actual de vida que sufrimos, el incremento de los problemas osteomusculares y de las lesiones por la actividad física, o los postoperatorios", añade.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería reclama a todas las consejerías de Sanidad un incremento sustancial de los ámbitos de actuación en los que los fisioterapeutas pueden y deben prestar los cuidados propios de su profesión, tanto en los hospitales como los centros de salud, ya que, en la actualidad, su labor aun es infravalorada, dependiente y poco reconocida cuando es fundamental para mejorar la salud, bienestar y calidad de vida de las personas. SATSE critica, también, que se deriven pacientes mediante conciertos a las clínicas privadas en vez de aumentar las plantillas en la sanidad pública.

De otro lado, SATSE recuerda que, ante la falta de oportunidades laborales en la sanidad pública, la gran mayoría de fisioterapeutas españoles tienen que prestar su atención en el sector privado donde sus condiciones son aún peores, al sufrir jornadas de trabajo extenuantes con una elevada sobrecarga de pacientes y un reconocimiento retributivo muy deficiente.

Por último, el Sindicato reitera que una adecuada dotación de fisioterapeutas conlleva una rentabilidad inmediata, no solo a nivel sanitario, sino tanto económica como social, ya que la intervención temprana de estos profesionales propicia la reducción de los tiempos de baja laboral, así como la recuperación total, en muchas ocasiones, de la funcionalidad y, por tanto, un considerable ahorro en los costes sanitarios y para las empresas o centros de trabajo, además de una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas afectadas y de su entorno familiar.