El sindicato apunta que los contratos por programa suponen un perjuicio para la estabilidad tanto de los servicios de los centros educativos como de las personas trabajadoras.

CCOO Región de Murcia ha elaborado un informe en el que se pone de relieve las altas tasas de precariedad laboral en el sector de personal no docente de la Consejería de Educación que van adjudicándose cada curso escolar por programas. Los datos facilitados tanto por la Consejería de Transparencia como por los delegados sindicales de la Federación de Enseñanza de la Región de Murcia son las fuentes que ha usado el sindicato para realizar dicho informe.

Este curso escolar la Consejería de Educación ha realizado 557 contratos por programas de curso escolar, lo que supone el 42% del total del personal no docente de esa consejería, es decir, casi la mitad del personal está por programas, y el 57.6% en contratos parciales. Algo que, a juicio de CCOO-RM, va claramente en detrimento de la calidad de la asistencia recibida por el alumnado en los centros educativos de la Región de Murcia.

Los datos recogidos a través de Transparencia se pueden dividir en dos grupos diferenciados: en un primer grupo donde se encuentran Interpretes de Lengua de Signos, Enfermeras y Ordenanzas con un 100% de contratos a tiempo parcial, Auxiliares Educativos con un 97%, Auxiliares administrativos con un 94% y un segundo grupo donde tenemos a los Fisioterapeutas con un 19% y Limpiadoras que tienen un 18% de contratos a tiempo parcial.

Esto nos da el siguiente perfil del contratado por Educación: Mujer con contrato de 25 horas y un salario de 980 euros brutos (menos del salario mínimo interprofesional), de 10 meses de contrato y sin cobrar vacaciones.

Desde 2012 se ha realizado un lento proceso de destrucción de plazas en RPT y su conversión en plazas por programas. El proceso ha sido convertir plazas estables en contratos de diez meses de 20/25 horas. Las consecuencias de este progresivo proceso de deterioro han sido dobles, por un lado, se han devaluado enormemente los servicios públicos (sobre todo la atención a la diversidad) y, por otro lado, ha precarizado a varios colectivos. Sectores altamente feminizados, que se dedican a la atención de menores, a personas con discapacidad, a la limpieza, a la administración o a los servicios.

De hecho, esta Administración negaba que estos puestos fuesen estructurales, pero se ha visto obligada a incluir 157 plazas de estos programas, por los procesos de estabilización de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgente para la reducción de la temporalidad del empleo público.

Según afirma CCOO la falta de recursos personales en los centros educativos provoca una limitación de los derechos de los menores con discapacidad. El sindicato asegura haber constatado casos en los que, por ejemplo, se ha denegado el recurso del comedor escolar alegando que la Consejería de Educación no tiene obligación de facilitar ese servicio. Para CCOO esto es gravísimo ya que supone una discriminación por razón de su discapacidad. La organización sindical denuncia que otra práctica habitual de esta Consejería consecuencia de la falta de recursos (de Auxiliar Educativo, de Interprete de Lengua de Signos, de enfermeras o de fisioterapeutas) es la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en otro centro distinto al de sus hermanos, alejados de sus domicilios y de su entorno natural lo que provoca otra consecuencia nefasta y es la transformación de los centros que tienen estos recursos en guetos por la acumulación de alumnado con necesidades educativas especiales.