Tras la primera ola de calor, muchos hogares viven con incertidumbre el fin de la vigencia de las principales medidas de protección en materia de suministros

La moratoria de cortes y la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico caerán el próximo 1 de julio si el Ejecutivo no mueve ficha antes

Una vez superada la primera ola de calor del año, con temperaturas récord en muchas partes del Estado, regresa la incertidumbre sobre las principales medidas del llamado Escudo Social en materia de pobreza energética. Prorrogadas con carácter trimestral, el próximo 1 de julio dejarán de estar vigentes la moratoria de cortes (electricidad, gas y agua), el acceso al bono social para autónomos afectados económicamente por la pandemia y la ampliación de los descuentos de dicho bono. El Gobierno, como empieza a ser habitual, aún no se ha pronunciado al respecto y muchos hogares vulnerabilizados pueden vivir con angustia los próximos días.

El contexto actual no da tregua y a la situación de emergencia climática, que suele conllevar un mayor consumo eléctrico, se le deben sumar los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista, de los que depende por ejemplo la tarifa regulada (PVPC), a la cual deben acudir todas aquellas familias vulnerabilizadas que quieran acceder al bono social.. En este sentido, la factura de la luz del usuario medio con esta tarifa (sin los descuentos del bono social) alcanzó los 120,68 euros en mayo, un 46,9% por encima de los 82,13 euros del mismo mes del año pasado, situándose como el sexto más alto de la historia.

Ante esta situación, prevemos que muchas familias, que aún sufren el impacto de la pandemia, no van a poder hacer frente a sus facturas y otras muchas van a seguir impagando. La deuda que viene generándose para muchas de ellas desde el estallido de la COVID-19 es una cuestión que nos preocupa enormemente y el incremento de los precios de electricidad ha provocado lógicamente que las cantidades impagadas se hayan multiplicado exponencialmente. Este problema no puede ser olvidado por parte del Gobierno, quien debe buscar fórmulas para reducir esa deuda a cero.

Para todas ellas, la moratoria de cortes en vigor desde abril de 2020 es imprescindible si quieren tener sus suministros garantizados, así como la ampliación de los descuentos del bono social (del 25 al 60% y del 40 al 70%) para que la deuda generada no sea mayor o para que no se produzcan impagos en el caso de familias que sí puedan hacer frente a las facturas gracias a las rebajas del mecanismo.

Por ello, los mismos colectivos y organizaciones que desde diciembre de 2020 hemos reclamado medidas valientes en relación a los suministros básicos, exigimos al Ejecutivo y en especial a la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el mantenimiento de dichas medidas y su ampliación hasta que no se aprueben medidas de carácter estructural.

En este sentido, como ya hemos hecho anteriormente, reclamamos:

•    La consolidación del principio de precaución, que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad.. La prohibición de cortes no debe estar sujeta a ningún plazo.
•    La incorporación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la legislación de más alto nivel. Concreción en la normativa y reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber y cocinar y para la higiene básica.
•    La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, de tal modo que, entre otras cuestiones, comprenda los tres suministros. En este sentido, el Gobierno debe empezar a estudiar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares para los suministros de luz y gas y un mínimo vital para el agua.
•    La asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los sectores implicados.
•    La firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.

El Gobierno ha decidido ir prorrogando las medidas de protección trimestre a trimestre, hecho que genera mucha incertidumbre en los hogares vulnerabilizados, que deben esperar al último Consejo de Ministros antes de la expiración de la vigencia de las mismas para saber si seguirán protegidas frente a los cortes de suministro. En este caso, se trataría de la reunión del Ejecutivo prevista para el martes 28 de junio, dos días antes de la fecha límite. Reclamamos un mayor compromiso de la Ministra Ribera y que se anuncie la prórroga de todas las medidas cuanto antes para poder dar una mayor tranquilidad a las familias. La ola de calor que acabamos de vivir solo es la primera de la temporada y no podemos permitir que la ciudadanía sufra las próximas sin sus suministros garantizados.

Las organizaciones firmantes somos la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública.

#AguaPública100%RegiónMurciana

Red Agua Pública