El IMAS acaba de anunciar, en plena séptima ola y con más de 300 casos de covid en sus centros, el cese, con fecha 1 de mayo, de más de 150 contratos en residencias y centros de personas con discapacidad. Trabajadores de atención directa que son necesarios para ofrecer cuidados de calidad a las personas más vulnerables. Por desgracia, tuvo que aparecer una pandemia mundial para que las diferentes administraciones fueran conscientes de la falta de personal que existía en los centros residenciales de nuestra región de manera histórica.

En los centros residenciales del IMAS el personal, ahora "de refuerzo", es imprescindible para el normal funcionamiento de los centros y el correcto cuidado de los residentes. Desde FSES insistimos en solicitar a la Administración regional que estos contratos pasen a ser estructurales, se integren en la RPT y se conviertan en vacantes designadas a través de las bolsas de trabajo, con el fin de acabar así con la falta de personal histórica que padecíamos.

La Administración está mirando para otro lado, no valora la atención que se presta en estos centros ni a sus profesionales, que llevan más de dos años protegiendo a los residentes con todos los medios a su alcance.

Además, nos encontramos aquí concentrados porque la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, autoriza un proceso de estabilización de plazas estructurales mediante concurso-oposición 60/40.

También establece esta Ley, una convocatoria excepcional por el sistema de sólo concurso para aquellos puestos que hayan sido ocupados, de forma ininterrumpida, por interinos con anterioridad al 1/1/2016.

Pasan los meses y Función Pública insiste en mantener el MAL ACUERDO de 21 de diciembre de 2021, que atenta contra los derechos de cientos de empleados públicos de esta Administración, negándose a contemplar la solución que esta ley permite para los interinos por programas, e incluso ha convocado procesos selectivos para que sus plazas no se puedan beneficiar de lo establecido en la ley 20/21.

Tampoco la Administración valora el trabajo realizado por los funcionarios de carrera, tras años de dedicación, formación e implicación en los momentos de crisis. Por ello, seguiremos exigiendo que se extienda a todos los cuerpos y opciones, la opción de CURSO+CONCURSO en promoción interna y por reconversión.

Llevan cuatro meses ignorando las necesidades de los empleados públicos, sin convocar mesa sectorial hasta ayer mismo y para el viernes que viene, y sin aportar ninguna solución a los problemas que padecen sus profesionales.

Todas las Administraciones, excepto la nuestra, están demostrando su voluntad y su compromiso para encontrar una solución al grave problema de temporalidad, mantienen un cauce de diálogo y aportan a los empleados públicos fijos, interinos y contratados una cierta esperanza que lamentablemente el Gobierno Regional parece querer impedir aquí en Murcia.

Desde FSES insistimos en que es necesario una nueva política de RRHH en la Función Pública Regional, y seguiremos con nuestra campaña de movilizaciones hasta lograr una solución para todos los empleados públicos y los ciudadanos de nuestra Región.