Otra vez más el gobierno de despropósitos presidido por el señor Sánchez nos ha sorprendido a todos presentando otra no solución igual de inútil, ridícula e ineficaz como cada una de las que proponen. Ahora dicen los supuestos expertos del Ministerio de Sanidad, sí, esos mismos que formaban un supuesto comité de expertos para decidir las medidas covid y que se demostró que no existía, que hay que retirar la opción de consumir vino y cerveza en los establecimientos de restauración para cuidar la salud cardiovascular de la población.

Para Diana Corrales, portavoz de Valores Región de Murcia: "El Gobierno cada día se ríe más de los ciudadanos y lo hace con más descaro. De nuevo vuelven a atacar a las pequeñas empresas españolas, que son las que constituyen la gran mayoría de establecimientos del sector de la restauración. Tras el duro golpe económico que han sufrido estos empresarios con las restricciones de la pandemia, encontramos que quieren hacerles aún más daño con la limitación del consumo de vino y cerveza en sus locales".

Hay que tener en cuenta el daño que esta iniciativa puede hacer a todas las bodegas existentes en el territorio murciano, que dispone de tres magníficas Denominaciones de Origen como son la de Yecla, Bullas y Jumilla, que representan a la Región de Murcia de una forma excepcional en el mundo vinícola.

"Para el murciano es imposible pensar en un aperitivo con una buena marinera y unos trocitos de pulpo sin acompañarlos de una Estrella de Levante bien fría, sobre todo, en los días de calor" añade Corrales.

Desde Valores le recordamos al señor Pedro Sánchez que, si tanto le preocupa la salud de los españoles, comience a vigilar los productos agrícolas que importa y los productos utilizados en ellos.

No olvidemos que nuestros agricultores sufren unos elevados costes de producción debido a que los pesticidas y demás productos necesarios, para cultivar, que están permitidos en España, cumplen una serie de requisitos para que sean menos nocivos para los consumidores, lo que conlleva un precio de adquisición más elevado, haciendo que el importe final que deba pagar la sociedad sea mayor.

Insiste Diana Corrales en que "España se dedica a importar productos de terceros países que no cumplen estos requisitos y siguen empleando sustancias prohibidas en España desde hace años por su composición altamente perjudicial para la salud, especialmente de las embarazadas."