UGT considera extremadamente preocupante el aumento en más de un 23% de los accidentes con baja y lamenta el fallecimiento de 31 personas trabajadoras a las que la debida prevención podría haber salvado la vida.

La situación de la siniestralidad laboral en la Región de Murcia, tras la aparente "mejoría" de 2020, -que únicamente cabe atribuir al parón de la actividad provocado por la pandemia-, empeoró dramáticamente el pasado año, en el que se produjeron una media de 120 accidentes laborales diarios.

Según datos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL), el número total de accidentes de trabajo registrados entre enero y diciembre de 2021 asciende a 43.555, un 15,1% más que en 2020. De ellos, 21.976 cursaron sin baja y 21.579 con baja, incrementándose ambos respecto al año precedente un 8,5% y un 22,8% respectivamente.

Dentro de los accidentes con baja, aumentaron los leves (22,9%) y los mortales (18,2%) y apenas disminuyeron los graves (-3,4%). Los accidentes en jornada aumentaron un 22,3% y los accidentes in itinere, un 26,8%, siendo, además, los culpables de 14 de los 26 accidentes mortales de los que informa el ISSL.

Los índices de incidencia anuales aumentan en todos los sectores, incrementándose no solo ya respecto a 2020 sino incluso, por encima de los registrados antes de la pandemia, especialmente, en Agricultura, Industria y Construcción, donde estos índices crecen un 13,3%, un 10,7% y un 7,7% respectivamente y comparados con los de 2019.

Se da la circunstancia, por otra parte, de que estos datos no coinciden con los que ofrece la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que eleva el número de personas fallecidas por accidente de trabajo en la Región de 26 a 31. A este respecto, la Secretaria de Salud Laboral de UGT, Encarna del Baño, denuncia que "año tras año, tenemos que pedir explicaciones al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia por esta disparidad en las cifras, la mayoría de las ocasiones, sin obtener respuesta. Y cada vez cuesta más no considerar intencionada esta absoluta falta de transparencia que se extiende a todos los casos en que se rehúsa considerar laboral un accidente".

Por su parte, Antonio Jiménez, Secretario general de UGT, lamenta que "ni siquiera tras 11 millones de contagios y 100.000 muertes en España por COVID, de los que una buena parte han tenido como detonante la actividad laboral, han servido para dar a la prevención de riesgos laborales la importancia que merece. Las consecuencias laborales y de salud de esta enfermedad siguen sin ser objeto de adecuado tratamiento en términos de seguridad social y prevención, del mismo modo que, el resto de riesgos a los que continúan expuestas las personas trabajadoras, siguen siendo minusvalorados cuando no, directamente invisibilizados". Tal es el caso de las patologías derivadas de riesgos psicosociales, no consideradas aún enfermedades profesionales y apenas notificadas como accidente de trabajo, o las derivadas de la exposición a agentes cancerígenos, estimadas en más de 10.000 casos anuales y de las que apenas se han reportado como enfermedad profesional 51 este pasado año, en todo el país.

Para Jiménez, "el principal problema es que la gestión preventiva en las empresas se reduce, en demasiados casos, a un formalismo poco eficaz, incluso en aspectos tan determinantes como la formación, la vigilancia periódica de la salud o la evaluación de riesgos; además de estar desdeñándose perspectivas que urge incluir en la tarea preventiva, como los sesgos de género y edad, los ya mencionados riesgos psicosociales o los efectos del cambio climático en la salud de las personas trabajadoras, entre otras".

UGT, por todo ello, hace un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a los actos convocados con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, con el objetivo de reclamar un mayor diálogo social en materia de prevención, un refuerzo urgente de los recursos en instituciones clave como son la Inspección y la Fiscalía, para detectar, sancionar y perseguir los incumplimientos, y las inversiones que son necesarias para apoyar políticas preventivas eficaces en las empresas, la investigación en innovación en materia de PRL o la adopción de nuevas medidas, como la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que nos permitiría hacer llegar la prevención a las empresas sin representación.