Tras el cese el pasado año de una treintena de personas en las direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural, Intersindical Servicios Públicos ha tenido conocimiento de un compromiso entre la Consejería de Agricultura y la Dirección General de Función Pública para crear plazas en aquellos organismos.

Este sindicato recuerda a la administración regional la necesidad de cumplir los compromisos, y exige que las plazas creadas tengan un perfil estrictamente medioambiental.

Falta de personal, ralentización en la tramitación de expedientes ambientales debido precisamente a esa falta de personal, paralización de proyectos… Los problemas por los que atraviesan las direcciones generales de medio ambiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente se han convertido, en palabras del delegado de Intersindical Nacho Álvarez-Castellanos, “en endémicos”.

Una de las soluciones a estos problemas, según Álvarez-Castellanos, es la dotación de personal. Así, esta organización sindical ha tenido conocimiento de un compromiso entre esta Consejería y la Dirección General de Función Pública para crear plazas en las direcciones generales “ambientales”, tras el cese de casi una treintena de personal funcionario interino por programas que ocurrió a mediados del año pasado.

En la última mesa de negociación, que tuvo lugar a finales de 2021, no se produjo ningún avance, pero para el sindicato queda la esperanza de que finalmente la Administración regional por fin cree los puestos “verdes” y “azules” que son necesarios en estas direcciones generales ambientales.

Para ejemplificar el desmantelamiento de los organismos ambientales, Nacho Álvarez-Castellanos toma como ejemplo la vista del presidente López Miras al colegio público Félix Rodríguez de la Fuente de Los Nietos. En su discurso a las niñas y niños, refiriéndose al Mar Menor, comentó la importancia de que “los más pequeños conozcan su entorno y su ecosistema y aprendan a cuidarlo y quererlo”. Para este delegado sindical resulta paradójico que estas palabras vengan del máximo representante de un partido político que lleva casi 30 años en el Palacio de San Esteban y que ha contemplado la degradación de la laguna salada sin hacer prácticamente nada al respecto, y no sólo eso, desmantelando los organismos públicos ambientales que deben velar por su conservación.

En estos organismos ambientales la insuficiencia de medios, tanto personales (con un número considerable de personal eventual) como materiales, son un grave problema para garantizar efectivamente los derechos de la ciudadanía y de los agentes económicos, cuyas actividades ven eternizados los trámites a los que deben someterse.

Pero, según Intersindical, en lugar de aumentar las plantillas, uno de los métodos más recurrentes de los diferentes gobiernos regionales a lo largo de los años ha sido el de privatizar. Se intentó hace 3 años con la creación de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), está vigente con la Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional, y se firmó hace un par de años con la patronal a través del “Laboratorio de Innovación Empresarial”. En la actualidad se hace de una forma más sutil mediante encomiendas de gestión a la empresa Tragsa, encargando a personal externo tareas que deberían ser realizadas por personal funcionario, e, incluso, llegando a ocupar puestos físicos de trabajo en los despachos de estas direcciones generales.

Llegados a este punto, Intersindical exige al gobierno regional que se creen en las direcciones generales medioambientales tantas plazas estructurales como personal necesario en esta Administración ambiental raquítica. Ello ayudaría a solucionar un problema histórico de falta de medios humanos, que se ha acrecentado en los últimos años con la llegada masiva de proyectos tan importantes como los referentes a energías renovables, fundamentales en los tiempos que corren para la desvinculación del gas, y que se han de llevar a cabo con todas las garantías ambientales que exige la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico.