El GP VOX ha registrado una proposición no de ley relativa a suprimir la obligatoriedad de las cuotas de género en el plano laboral y los planes de igualdad en las empresas impuestos por el Gobierno.
Hay que recordar que una de las principales medidas que se han llevado a cabo en este sentido por parte de los Gobiernos españoles fue la aprobación de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo objetivo fue “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural”.
Cabe destacar que dentro del Título IV de dicha ley -relativo al derecho al trabajo en igualdad de oportunidades- el artículo 42 establece que el objetivo prioritario de las políticas de empleo debe ser “aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo”.
Asimismo, el apartado segundo del mismo artículo señala que “los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, y se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres”.
El desarrollo de los planes de igualdad viene regulado en el artículo 45 de la ley de 2007, modificado por medio del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. El apartado primero destaca que “las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral”.
Sin embargo, y para mayor presión de las empresas, se podrán imponer sanciones económicas a aquellas que no pongan en marcha su respectivo plan de igualdad a tiempo, al tratarse de infracciones “graves” (“no cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo”) o “muy graves” (“no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos”). Las sanciones por tales conductas ascienden hasta los 7.500 euros e incluso los 187.000 euros si se trata de reincidentes.
El Gobierno justifica estos planes de igualdad afirmando que persiguen la paridad entre sexos, lo que significa que no haya más del 60% de representantes de un sexo y no menos del 40% de representantes del otro en una empresa o en un determinado nivel dentro de la misma, con independencia de los méritos, basándose solamente en criterios numéricos.
Frente a ello, VOX denuncia que estas cuotas de género ponen en jaque la libertad de elección de las empresas a la hora de contratar, así como el acceso a los puestos de trabajo por razón de méritos y capacidad. Y no sólo eso, ya que el Gobierno establece la imposición de los planes de igualdad dentro de los cuales encontramos “los cupos de género”, aplicables a la contratación en empresas tanto del sector público como del privado.
En este sentido, VOX reivindica el artículo 14 de la Constitución Española que establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Además, el artículo 9.2 de la Carta Magna recoge que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Por todo ello, el GP VOX pide al Congreso que inste al Gobierno a presentar a las Cortes Generales una ley integral con el objeto de derogar toda la legislación que establezca tratamientos discriminatorios en el plano laboral entre españoles basado en el sexo, tales como “cuotas de género”, planes de igualdad u obligaciones de contratación. Asimismo, VOX reclama la puesta en práctica de una perspectiva de familia y de conciliación en todas aquellas políticas públicas del ámbito laboral.
