El proceso de admisión de alumnado es un momento importante para la elección de centros educativos y para la planificación del propio sistema educativo y el desarrollo equilibrado de su oferta escolar. El pasado curso, de manera extraordinaria, la Consejería de Educación adelantó este procedimiento para esquivar la implantación de la recién aprobada LOMLOE e imponer un modelo que ha sido duramente criticado por sindicatos, asociaciones de familias y colectivos de estudiantes. Una intención que parece volver a mostrar durante este curso en lo que consideran sería una nueva irregularidad.

Recientemente el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha elaborado un dictamen que critica duramente el procedimiento utilizado por la Consejería de Educación para establecer el procedimiento de admisión y escolarización del alumnado en centros docentes públicos del curso pasado.

Una crítica que ha sido compartida previamente por los propios servicios jurídicos de la Consejería de Educación y por el Consejo Escolar de la Región de Murcia que consideraron que el trámite adecuado no era mediante modificación de la norma existente sino a través de un nuevo decreto.

José Manuel Fernández, coportavoz de STERM Intersindical, considera que “estamos ante una muestra más de la actitud con la que actúa en no pocas ocasiones el ejecutivo regional. La Consejería de Educación responde a los intereses partidistas de López Miras de defensa de un falso argumento de libertad de elección de centros para imponer una zona única de escolarización intentando reducir al máximo los criterios prioritarios de proximidad. Ya hemos visto que esto tiene importantes repercusiones tanto en lo relativo al aumento de la segregación escolar en nuestra Región -con una de las tasas más altas de España- como en el fomento de la escuela privada-concertada que continúa, debido a la falta de transparencia y la práctica ausencia de mecanismo de fiscalización, permitiendo una selección de alumnado por parte de este modelo de escuela elitista”.

Desde STERM Intersindical insisten en que es necesario abrir una negociación para desarrollar una nueva norma que contemple el cumplimiento estricto de la legislación en relación a la aplicación de los criterios de proximidad en la escolarización del alumnado en centros docentes públicos, sin añadir de manera ilegal nuevos criterios prioritarios que no contempla la norma básica. Además, se deben tratar cuestiones como el equilibrio en la distribución del alumnado con necesidades educativas especiales o el alumnado migrante, la defensa de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, entre otras.

El sindicato denuncia que tras esta política educativa del Ejecutivo regional se intenta fomentar un tipo y modelo de centros de gestión privada y concierto económico que afecta negativamente a la escuela pública.