Las ONG solicitan, por su responsabilidad en los hechos, tres años de prisión para el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, y dos años y seis meses de prisión para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como el pago de una multa de 5.760 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público en ambos casos.
Además, a las tres empresas agrícolas y los más de 40 gestores de explotaciones agrarias, se les solicitan las correspondientes sanciones penales en función de su responsabilidad en los hechos. A todos ellos se les solicita el pago de las indemnizaciones por responsabilidad civil y la restauración del daño ambiental producido.
Las organizaciones ecologistas ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, personadas en el caso Topillo sobre las investigaciones de los vertidos contaminantes al Mar Menor y su consecuente degradación, celebran las conclusiones del magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y han presentado hoy su escrito de acusación contra los responsables pu´blicos que abandonaron sus responsabilidades competenciales, así como contra los empresarios y administradores de las explotaciones agrarias investigadas.
La gravedad de la situación viene determinada por la implicación de los máximos responsables, en aquella época, de ambas administraciones públicas con competencias en la materia, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la comunidad autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura, por lo que las organizaciones ecologistas lamentan la existencia de indicios que apuntan a una institucionalización de la prevaricación ambiental durante años sin que ninguno de los responsables actuara por evitar el colapso del Mar Menor.
Ante el cierre del plazo para la entrega del escrito de acusación, las organizaciones ecologistas apuntan que siempre ha sido un hecho indudable la obligatoriedad de controlar en el campo que se garantizara el cumplimiento de la legislación. Sin embargo, las tres organizaciones conservacionistas apuntan que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como su consejero de ese momento como máximo responsable, pudieron haber mirado hacia otro lado con plena conciencia de las ilegalidades existentes, omitiendo los controles de los programas de actuación en materia de nitratos. De hecho, ya la resolución del juzgado apuntaba no solo a esa omisión del que fuera consejero como máximo responsable en el periodo investigado, sino que valoraba que existen indicios de que esta omisión fuera deliberada. Igualmente, ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife recuerdan que es obvia la competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre las actividades (concesiones, vertidos, ocupación, etc.…) que se desarrollan dentro del dominio público hidráulico, a pesar de ello, las organizaciones sostienen que existen indicios claros de que durante años la Confederación Hidrográfica del Segura, así como el que fuera su comisario de aguas en ese momento, eran conscientes del uso de desaladoras privadas, la extracción de aguas de pozos, vertidos de salmueras, etc., todo sin autorización y en multitud explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena.
En su escrito, ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife acusan a Antonio Cerdá Cerdá y a Manuel Aldeguer Sánchez, el primero como máximo responsable de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia cuando tuvieron lugar los hechos, y el segundo al frente de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura cuando tuvieron lugar los hechos juzgados, para los que solicitan pena de cárcel e inhabilitación del ejercicio de cargo público.
Finalmente, las organizaciones ecologistas también acusan a las personas y empresas agrícolas investigadas en relación a los vertidos de salmueras, y no dudan en vincular de forma directa estos vertidos con el colapso del conjunto del ecosistema acuático del Mar Menor, así como de sus hábitats y especies, reconociendo que estas actuaciones han podido ser unas de las principales causantes del catastrófico deterioro del ecosistema del Mar Menor.
Esta gravísima situación pone en tela de juicio el modo de obrar que ha existido durante muchísimos años en buena parte de la agricultura del Campo de Cartagena, con unas administraciones públicas irresponsables que asumían como una opción la dejadez de funciones. Por tanto, las organizaciones ecologistas ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife esperan que se depuren las responsabilidades jurídicas, administrativas y penales de la permisividad que ha existido durante décadas en el deterioro del Mar Menor, y solicitan que se valore y evalúe la reparación del daño ambiental. Las organizaciones ecologistas son conscientes de que no todos los responsables de la degradación que ha sufrido el Mar Menor durante décadas van a ser juzgados, pero esperan que, al menos, en este caso sea posible demostrar las responsabilidad penal de los implicados, contribuyendo a evitar que la impunidad en el cumplimiento de la normativa ambiental se repita en el futuro, y a que se apliquen soluciones eficaces para la recuperación de los múltiples problemas ambientales que afectan a la mayor laguna litoral española.
