Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan hidrológico de la Demarcación del Segura prioriza la satisfacción de las demandas por encima de los objetivos ambientales

El nuevo plan, al que la organización ha presentado alegaciones, tiene actualmente en exposición pública su decreto de aprobación.

No contribuirá a recuperar el buen estado de ríos, manantiales y acuíferos.

No adapta los usos y demandas del agua a las consecuencias del Cambio Climático, que ya empezamos a sufrir.

Estando en exposición pública el real decreto que aprobará los nuevos planes hidrológicos, entre ellos el de la demarcación del Segura, Ecologistas en Acción-Región Murciana considera que el nuevo plan del Segura no servirá para resolver los graves problemas de la cuenca. El plan apenas presta atención al cambio climático, dejando para estudios futuros la urgente adaptación a unas consecuencias que ya estamos sufriendo, como es la reducción del agua disponible y el aumento de sequías e inundaciones.

El Plan no incluye medidas para reducir la demanda agraria, que consume el 87% de todos los recursos hídricos disponibles y ocasiona la mayor presión sobre ríos, manantiales y acuíferos de todas las cuencas en España y prácticamente toda Europa. Es más, el nuevo plan sigue contemplando la nefasta política de regularizar los regadíos consolidados, en otras palabras, de legalizar los regadíos ilegales. La organización se pregunta “¿cómo es posible que se siga manteniendo este trato de favor hacia los usuarios agrícolas frente al resto de usuarios, que sí están obligados a cumplir con la normativa vigente?”. La legalización de regadíos ilegales del nuevo plan constituye todo un premio al infractor que alienta aún más el desgobierno en materia de aguas y regadío. Frente a ello, Ecologistas en Acción reclama una auditoría de todos los perímetros de riego, pleno acceso ciudadano a dichos datos y sanciones ejemplares a todo regadío y uso ilegal de agua.

Por otra parte, los grandes valores ambientales, sociales y de patrimonio cultural de los regadíos históricos y tradicionales requieren una protección estricta y que estos regadíos tengan la máxima prioridad en el acceso al agua en cantidad y calidad. Se debe impedir toda cesión de derechos de riego desde los regadíos históricos hacia ningún otro regadío no histórico ni a ningún otro uso (con excepción del abastecimiento a poblaciones en circunstancias excepcionales). Además, deben descartarse los proyectos de modernización de regadíos tradicionales, por haberse demostrado que no sólo no ahorran agua sino que eliminan los retornos al río, por lo que el consumo total de agua en realidad aumenta, a lo que se añaden los graves impactos de la modernización de regadíos sobre el valioso patrimonio ambiental y cultural de los regadíos tradicionales e históricos.

Igualmente consideramos que en lugar del sistema único que establece el plan, deben existir dos sistemas de explotación diferenciados, uno para los perímetros que reciben aguas del trasvase Tajo-Segura y otro para los perímetros que utilizan exclusivamente aguas propias de la cuenca, para una mayor transparencia y fiabilidad en la gestión, dado que uno y otro tipo de regadío tienen estatus jurídico y derechos de agua muy diferentes.

Por otra parte en el nuevo plan los caudales ecológicos están pobremente definidos, mal controlados y además se tolera el incumplimiento de los mismos. Muchos tramos fluviales tienen fijados unos caudales mínimos verdaderamente raquíticos, que llegan a ser casi nulos, como en el caso de algunos tramos del río Mula, del río Chícamo, que es además Reserva Natural Fluvial y del río Taibilla, siendo urgente la fijación de caudales ecológicos adecuados en todos sus tramos. Además apenas se avanza en los caudales de crecida y en las tasas de cambio, igualmente imprescindibles para recuperar el buen estado ecológico de los ríos, que embalses y presas hidroeléctricas siguen sin respetar.

En el ámbito de las aguas subterráneas, las medidas aplicadas por los planes anteriores no han evitado su empeoramiento, tanto en cantidad como en contaminación. Pese a ello el nuevo plan prioriza no tocar los usos actuales y satisfacer las demandas por encima del objetivo de recuperar el buen estado de las aguas subterráneas. Así, siguen sin aplicarse planes para reducir las extracciones en los acuíferos sobreexplotados, muchos de ellos ya diagnosticados al menos desde hace más de 20 años. Uno de los principales impactos de dicha sobreexplotación es la pérdida de manantiales, de gran valor ambiental, paisajístico y para el turismo de la naturaleza, cuya recuperación es incompatible con el actual descontrol de las extracciones y con la creciente expansión de nuevos regadíos en zonas como la cabecera de la cuenca y las comarcas del Noroeste y el Altiplano.

Por otra parte el plan no incluye medidas eficaces para atajar la creciente contaminación difusa agraria. Hay que recordar que la Región de Murcia es una de las regiones señaladas en el informe de la Comisión Europea sobre la directiva de nitratos y que en diciembre pasado la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por su incumplimiento. Pese a ello el nuevo plan tan sólo fija valores máximos de excedentes de nitrógeno en 14 masas subterráneas, lo que deja al 78% restante sin límite alguno, lo que facilitará que la contaminación por nitratos siga aumentando.

Las consecuencias de la contaminación agrícola y ganadera han quedado demostradas con el colapso ecológico del Mar Menor, pese a lo cual el plan centra las medidas en el ámbito urbano y no en el agrario. Además, en general se trata de soluciones “de final de tubería” y basadas en obras hidráulicas en lugar de medidas en origen, mucho más eficaces. Frente a ello, Ecologistas en Acción reclama valores límite de nitratos obligatorios y más estrictos, aplicar soluciones basadas en la naturaleza para retener nutrientes en los espacios agrarios y que el principio quien contamina paga se aplique también al regadío y la ganadería intensiva.

En definitiva, Ecologistas en Acción reclama un plan hidrológico para la demarcación del Segura que realmente contribuya a la transición hídrica necesaria para recuperar ríos, manantiales, acuíferos y aguas costeras, y que permita adaptar de forma urgente los usos y demandas del agua a las graves consecuencias del cambio climático, especialmente de reducción de agua disponible y aumento de sequías e inundaciones.