La Conferencia Sectorial por la Seguridad Nacional, organizada por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cuyo objetivo es desarrollar una actuación coordinada en este ámbito, contó hoy con la participación del consejero de Transparencia, Seguridad y Emergencias, Antonio Sánchez Lorente.

La Conferencia, presidida por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Demográfica, Félix Bolaños, presentó varios temas, entre ellos la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, aprobado en la reunión de la Conferencia del 18 de diciembre de 2018.

Durante el encuentro, los consejeros autonómicos en materia de seguridad abordaron tres asuntos vinculados a la Seguridad Nacional, el Informe sobre la elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional; la presentación del informe sobre el programa de ejercicios para situaciones de crisis que afecten a la Seguridad Nacional, que se desarrollará durante 2022; y el informe sobre la situación del desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional.

Antonio Sánchez Lorente mostró su "preocupación" por la "excesiva discrecionalidad y generalidad" que presenta la redacción del anteproyecto de la Ley de Modificación de Seguridad Nacional. "Creo que esta reforma es una oportunidad para definir el concepto de 'crisis', concretar las medidas que se pueden adoptar y establecer un sistema de control parlamentario o judicial de las decisiones, no la mera transmisión de información, tal y como contempla la norma actualmente".

El consejero de Transparencia indicó que "se trata de un ámbito muy sensible, limitativo de derechos y libertades, y en ese sentido deberíamos ser más garantistas desde un punto de vista procedimental". "Echamos en falta una mayor definición y concreción, lo que significaría una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos", añadió.

"Me preocupa especialmente la redacción del artículo 28.2, que obliga a realizar prestaciones personales sin derecho a indemnización alguna. Es un copia y pega del artículo 7 bis de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que nos es trasladable al ámbito de la Seguridad Nacional, donde las prestaciones tienen un contenido y un ámbito temporal muy diferente". El consejero reclamó que se establezca un sistema de indemnización de daños y perjuicios causados a los ciudadanos que sean movilizados a los que se les ordene la realización de determinadas prestaciones.

Sánchez Lorente declaró que considera un "agravio" la diferencia entre las obligaciones que se establece para las comunidades autónomas, aunque reconoció que "lo asumimos de buen grado", y "la presencia meramente testimonial de las mismas en los foros de decisión". Añadió que "somos protagonistas a la hora de confeccionar el catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, en el ámbito de respuesta, en cambio, nuestra presencia en la toma de decisiones es meramente testimonial, ni siquiera en las que nos afecten directamente. Nuestra participación como Consejería en el Consejo de Seguridad Nacional o en la 'célula de coordinación' es sólo una posibilidad que se decidirá unilateralmente".

Por último, el consejero reivindicó la necesidad que plantean otras comunidades autónomas de disponer de una Ley sobre pandemias.